Esta mañana, el jefe de Policía, Pablo Vieytes, y el director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo, vertieron durísimas críticas al Poder Judicial, en base a un informe que revela que, de agosto de 2024 a febrero 2025, “un total de 1.169 personas que fueron detenidas en circunstancias de delito flagrante y puestos a disposición de las fiscalías en la órbita judicial, por supuesto, y de las cuales solo 188 personas se les dictó medidas de prisión preventiva”. Estos números significan que a solo el 16,8% de los detenidos en flagrancia, o sea con “las manos en la masa”, se les dictó la preventiva.
“El resto recuperó la libertad en un transcurso de entre 24 y 48 horas, o 72 en algunos casos, que son los menos. La ciudadanía requiere una respuesta, y esta es la voz de la Policía de la Provincia de San Luis, que está volcados todos los recursos, tanto humanos como logísticos, para combatir y prevenir el delito. No guardamos nada, no escatimamos nada, y estoy hablando con la verdad desnuda. Estos son datos y no son relatos”, continuó Vieytes, quien luego dio el ejemplo de Juan Pérez, una persona que cometió 6 delitos en 6 meses.
“El 12 de octubre del 2024 fue detenido por la policía de la provincia por el delito de robo en grado de tentativa. Se lo puso a disposición de la fiscalía y la fiscalía el mismo 12 de octubre ordenó el despacho en libertad. El 13 de octubre, Juan Pérez, al otro día, cometió un robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. Se puso a disposición de la justicia y la justicia el 15 de octubre resolvió dictarle una prisión preventiva por 20 días. O sea que lo mandó al servicio penitenciario por 20 días. El 7 de noviembre, cumplida la prisión preventiva, cometió un delito no contra la propiedad, sino contra las personas de lesiones y resistencia hacia la autoridad policial y la justicia le dictó una prisión preventiva nuevamente por 30 días. Cumplido, el 10 de diciembre cometió un robo en grado de tentativa. Fue puesto a disposición de la justicia y la justicia el 13 de diciembre, tres días después, ordenó el despacho en libertad. El 15 de diciembre, este Juan Pérez, cometió otro robo en grado de tentativa y el 16 de diciembre la justicia dictó el despacho en libertad. Y el 2 de febrero del 2025, este Juan Pérez, cometió el delito de hurto calificado en grado de tentativa y el 3 de febrero, al otro día, la justicia le dictó el acto de despacho en libertad”, contó Vieytes, señalando que la “Policía de la provincia de San Luis cumple con su función”.
Tras remarcar que los fiscales son “el director técnico de la investigación” y que, además de trabajar en la prevención de los delitos, “la Policía es un auxiliar de la justicia que cumple con su misión”, el jefe de esta institución señaló que el actuar de la Justicia provincial “desmoraliza la institución” y que supone un gran “desgaste de recursos”, tanto humanos como logísticos.
Por su parte, lo primero que hizo Berruezo fue señalar que los fiscales no están aplicando la reiterancia que se incorporó el año pasado en el Código de Procedimiento Penal. “¿Por qué? No lo sé. Tal vez los fiscales no tengan la versión actualizada del Código de Procedimiento. No lo sé. La verdad que habría que preguntarles eso, ¿por qué no aplican la ley?”, dijo el asesor legal.
“El Código tiene miles de efectos. Yo lo he dicho desde que era proyecto, y hace un año me senté a analizar artículo por artículo y te puedo asegurar que al Código actual le faltan por lo menos 50 a 100 artículos y modificar otros tantos. Porque, como también lo he dicho en una serie de oportunidades, el Código es ‘erga omnes’, contra todos. No le sirve al abogado defensor, no les sirve a los fiscales y no le sirve a los jueces. Si agregó la reiterancia, no la aplica. No solo que tiene errores en el Código, sino que encima cuando se les da una herramienta, no la aplica”, continuó Berruezo, quien aseguró que él está “presto” a trabajar en una modificación de este Código y que es cuestión de “que haya una decisión”.
Consultado por si hay lugar suficiente en las penitenciarías de la provincia para albergar a las 1.169 personas que fueron detenidas en flagrancia en estos meses, Berruezo dijo que sí, pero además aclaró que esa no tendría que ser una preocupación del Poder Judicial, el cual no debería pensar algo como “no, no le va a aplicar preventiva porque les vamos a llenar las penitenciarías de presos”. “Vos cumplí con tu función, será después problema del Ejecutivo solucionar ese tema y aumentar la capacidad de alguna forma, con una nueva penitenciaria o un nuevo alojamiento. Pero ese no es problema de la justicia. Vos cumplís con la ley. En todo caso le tirás la pelota al Ejecutivo para que mejore, si es que hace falta”, consideró el director de Relaciones Institucionales.
Consultado por el diálogo con el Superior Tribunal de Justicia (STJ), Berruezo sostuvo que la ministra Nancy Sosa “tiene abiertas sus puertas para el Poder Judicial”, pero que es el Ministerio es el que está “golpeando la puerta”. “Acá hay que trabajar en conjunto. Ministerio Público, Policía de la Provincia. Trabajar coordinadamente. Pero si no vienen a ver cómo podemos solucionar esto, porque esto es un problema de todos”, agregó después.
En este sentido, Vieytes agregó que, si bien hay buen diálogo con algunos fiscales, no reciben correcciones sobre la instrucción de las actuaciones policiales. “Quisiera recibir el oficial judicial, donde la Justicia o la Fiscalía me lo haga conocer para reajustar esas falencias”, manifestó el jefe de Policía.
Berruezo también dio un ejemplo de un mal actuar de la Justicia en un caso no relacionado a un hurto, sino al allanamiento de un geriátrico por un caso de maltrato de personas. Según contó el funcionario, la respuesta fue: “‘No, vamos mañana’. Porque eran las 8 de la noche. Entonces, eso creo que habilitaría mínimamente a una investigación para un jury de enjuiciamiento”, opinó.
