La publicación del artículo de La Gaceta Digital (LGD) sobre la investigación y denuncia por la presunta asociación ilícita que hicieron los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone sobre la apropiación de cientos de terrenos con documentación apócrifa, utilizando el Poder Judicial provincial, tuvo una gran repercusión pública y en los medios de San Luis. Una de las víctimas de esta supuesta organización delictiva brindó su testimonio a LGD. Su sueño del terreno propio terminó en una pesadilla que comenzó hace años y todavía no termina. Denunció que compró un terreno que tenía documentación apócrifa y que le falsificaron pagarés por un monto mayor al original, lo que resultó en un millonario embargo que recayó sobre sus únicos bienes: su auto y su casa.
“Yo tenía mucha necesidad de tener ese terreno. Sabiendo que era una posesión lo que yo estaba comprando, estaba dispuesto a tomar posesión inmediatamente porque necesitaba ese terreno en esa ubicación. Por eso lo elegí entre varios, porque el precio de mercado era el mismo. Había terrenos escriturables que estaban a ese precio, pero no me servía la ubicación donde estaban. Ese me pareció ideal, entonces decidí avanzar con eso”, fue el principio del sueño que se convirtió en pesadilla para Matías Sosa.
El profesional narró que en 2017 quiso comprar el terreno a través de una inmobiliaria llamada Santa Clara. Para avanzar con la operación, quiso averiguar el estado de posesión del terreno, por lo que consultó a Juan Cruz Domínguez, quien era el abogado que inició el juicio de posesión. El ilusionado comprador hizo consultas en el Registro de la Propiedad Inmueble, Catastro, y todo aparentemente estaba en regla.
“Estaba todo en regla, digamos. Tomé esas precauciones, lo que nunca me imaginé era que iban a ser documentos falsos. Le compré un terreno a Sosa Juan, que es socio de Pablo Herrera”, dijo el profesional. Estas personas son algunas de las involucradas en la denuncia por asociación ilícita que hicieron los abogados Pipitone.
El damnificado pagó el terreno con dinero propio, pidió prestado, entregó su vehículo y varios pagarés por siete cuotas para cancelar el saldo. “No eran cuotas grandes, pero a los cuatro meses de que hice la operación, aparece otro supuesto dueño de ese lote, que lo empieza a cerrar inmediatamente”, narró Sosa, quien agregó que el dueño tenía una escritura del terreno. Fue el principio de la pesadilla.
“Lo llamo al vendedor, Sosa en este caso, y vuelve a ofrecerme otro terreno a cambio, pero me pide más plata”, manifestó la víctima, quien dijo que tomó más precauciones que antes.
“Aparentemente estaba bien. Me voy a la Municipalidad y empiezo a ver quién había estado pagando los últimos impuestos de ese lote que me estaba ofreciendo. Resulta que también me estaba ofreciendo con un boleto de compraventa fraudulento, porque estaban sellados. Habían conseguido sellos y firmas de escribanos de acá de San Luis que no estaban inscritos en el libro de la escribanía del Colegio de Escribanos. Cuando me di cuenta, ya entendí que era netamente una estafa, así que inicié una denuncia por estafa”, narró Matías Sosa.
El expediente no avanzó en la Justicia provincial. “En plena pandemia, ellos utilizan los pagarés que les habían quedado en su poder, que eran tres o cuatro, y les modifican el monto. Eran pagarés de $15.000, los modifican a $1.115.000 o algo así. Arman una ejecución de esos pagarés, lo hacen con una procuradora o algo, que no tiene matrícula. Galera es la chica. No la conozco tampoco, pero el que firma se llama D’Agata Nahuel, si mal no recuerdo, para poder hacer seguimiento del juicio”, denunció Sosa.
El damnificado asegura que no se enteró de esta causa, que se inició en marzo de 2020, sino hasta fines de 2021, cuando quiso vender su auto. “Me figura que hay un embargo. Cuando empiezo a investigar, resulta que eran los pagarés del terreno”, descubrió.
Lo que es más, Sosa afirma que se le dio curso a la causa a través de un beneficio de litigar sin gastos con los pagarés falsificados y el poder apócrifo de una abogada. “Agarraron un poder de otra abogada que había rechazado el caso porque vio que había cosas que no estaban bien. Utilizaron ese mismo, le cambiaron el nombre, con otra tipografía incluso, y con eso presentaron el juicio”, señaló el damnificado.
“Tengo embargada aún mi casa y mi auto. Las únicas dos cosas que tengo en el mundo están embargadas por ese juicio”, sintetizó Sosa su pesadilla.
El expediente no registra avances desde hace más de un año, motivo por el cual los Pipitone pidieron la caducidad del juicio por falta de movimiento, ya que se puede hacer tal solicitud cuando se cumplen seis meses. Según reveló Sosa, la fecha de caducidad era a fines de febrero, pero “misteriosamente”, la cambiaron a fines de abril.
El abogado Domínguez
Hacia el final de la entrevista con LGD, Sosa apuntó contra el abogado Juan Cruz Domínguez. Como el letrado había iniciado la posesión del terreno que Sosa quiso comprar, recurrió a él para que interponga un interdicto ante la aparición de alguien que alegaba ser el dueño del 100% de la propiedad que había comprado.
“Después de siete años, me entero de que inició el interdicto (Domínguez). Pidió retirar esos papeles (de la venta) y, en vez de devolvérmelos a mí, va y se los devuelve a la persona que me había estafado. Así que más conexión que esa no puede haber. En vez de estar supuestamente defendiéndome a mí en el interdicto, retira los papeles y los hace desaparecer”, acusó Sosa.
En la actualidad, el damnificado no ha recuperado el dinero que pagó por el terreno con papeles apócrifos.
