Este miércoles se celebrará una nueva audiencia de acusación en la causa que investiga una asociación ilícita dedicada a la falsificación y comercialización de certificados médicos y otros documentos apócrifos. El objetivo del encuentro será controlar la prueba recolectada hasta el momento y, si el juez lo considera pertinente, se elevará la causa a juicio oral tras el pedido del fiscal.
“Fiscalía de Estado se ha hecho parte el año pasado de una causa donde, en principio, tres personas en una asociación ilícita, no solamente que adulteraban certificados o documentación apócrifa, sino también que la comercializaban”, explicó Santiago Calderón Salomón, jefe de la sala penal del organismo.
Según detalló, el accionar de esta organización afectó principalmente a la administración pública. “Ha sido desfavorado el Estado toda vez que se utilizaban certificados médicos por profesionales que no lo eran, es decir, adulterando muchas veces sellos o falsificando de profesionales que existían, profesionales médicos o también psicólogos”, indicó Calderón.
Aunque Fiscalía de Estado actúa en representación del sector público, Calderón confirmó que el uso de documentación falsa también se detectó en empresas privadas. “Más de dos reconocidas empresas manifiestan que también sus empleados, la gente que trabaja allí, han utilizado estos certificados y han utilizado para justificar faltas en varias oportunidades que obviamente no existían”, afirmó.
La causa se originó a partir de la denuncia de un médico, quien descubrió en redes sociales que se ofrecían certificados con su nombre. A partir de esa presentación, se inició una investigación judicial que incluyó allanamientos y permitió secuestrar más documentación falsa. “Se pudieron corroborar también certificados de todo tipo, inclusive de instrumentos públicos, de instrumentos privados, también para, por ejemplo, justificar a las colonias de vacaciones, trámites con el ANSES, es decir que ha sido bastante amplia la gama”, agregó Calderón.
Por estos hechos, actualmente se encuentran con prisión preventiva dos de los tres imputados: Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo. En ambos casos, esta medida se aplicó luego de que incumplieran restricciones anteriores. “Primero tenían una medida menos gravosa, o sea, que era firmar el libro y demás, pero posteriormente, como consecuencia de haberlo incumplido, se les fijó la prisión preventiva”, aclaró el funcionario. En cambio, la tercera imputada, Graciela Apaza, continúa en libertad con restricciones que, hasta el momento, ha cumplido.
Una vez celebrada la audiencia de mañana, el fiscal podría solicitar la elevación a juicio. Desde Fiscalía de Estado esperan que se realice dentro de este año, aunque eso dependerá de la agenda del Colegio de Jueces.
