En una maratónica sesión de 5 horas, que incluyeron más de una hora de cuarto intermedio y casi dos horas de alocuciones del verborrágico Alejandro Cordido, Ana María Teruel finalmente pudo asumir como como concejal, en reemplazo de Agustina Arancibia Rodríguez. Previo a eso, la sesión tuvo dos apasionados debates sobre el padrón de extranjeros y el pedido de interpelación al funcionario de Bromatología de la Municipalidad de San Luis, en relación al caso de las intoxicaciones por la comida del PANE.
Con respecto a este primer tema, en la 2da sesión del año la oposición advirtió que la presidenta del bloque oficialista, Lizbeth Huatay, no había remitido de manera correcta el padrón de extranjeros a la Justicia Electoral. Y el tiempo les dio la razón, porque este 2 de abril el Concejo recibió un oficio de la Justicia, solicitando “presentar correctamente el padrón de extranjeros del municipio” en un plazo de 10 días corridos.
El problema de la presentación fue que el padrón no había sido depurado y que, además, fue presentado por Huatay como “miembro” de la comisión Interbloque. Esta comisión está integrada por los presidentes de los bloques del Concejo, que este año son solo dos: Huatay por el oficialismo y Juan Martín Divizia por la oposición. En contraste, en 2023, el padrón fue trabajado en esta comisión, la cual emitió un dictamen que fue votado en el recinto, firmado por todos los presidentes de bloque y por el presidente del Concejo, para luego ser remitido a la Justicia.
Por ello, desde la oposición llovieron acusaciones de que Huatay se había arrogado “funciones que no le corresponden”. “Si bien la presentación la hice yo, el día 11 de marzo, el concejal Divizia está al tanto de que fue como miembro de la comisión, más no como presidente de la comisión interbloque”, dijo Huatay en su defensa, diciendo cosas como que Divizia decía que quería trabajar en el padrón de extranjeros, pero no hacía nada.
“Hablan de irregularidad, de que me tomé atribuciones. Sí, me las tomé, y por eso hoy tenemos una prórroga”, agregó la oficilista, a lo que la opositora Agustina Gatto respondió: “Prórroga porque el trabajo no se hizo en tiempo y forma”. A eso le agregó que “el problema es que había muertos en el padrón”.
“Acá no hay que echar culpas porque la culpa estaría dada por los 2 bloques. Entonces me parece que tendría que tomarse una decisión”, apuntó el oficialista Mario Silvestri, apuntando que la comisión de Interbloque todavía no ha podido definir quién será su presidente. “Usurpó funciones y no presentó en forma lo que tenía que presentar. En tiempo sí, y nosotros en tiempo le dijimos pidamos la prórroga. Ahora tenemos que salir a apagar el incendio que ustedes generaron”, la criticó Cordido.
“Se envió un padrón, no solamente sin autoridades de la comisión, sino firmado por una concejal que no tenía facultades para hacerlo y además el objeto de lo que se mandó estaba mal hecho, no lo decimos nosotros, lo dice la Justicia”, aportó Gastón Témoli, continuando con la catarata de críticas hacia Huatay.
En este sentido, La Gaceta Digital consultó a exconcejales, no peronistas, quienes confirmaron que lo planteado por la oposición era el proceso correcto. Este debate concluyó con la incorporación de la nota al orden del día y el compromiso de que esta tarde se iba a depurar el padrón y remitirlo como corresponde.
Terminada esta polémica, empezó la siguiente: la interpelación que la oposición quiere hacer al funcionario responsable de Bromatología de la Municipalidad de San Luis, en relación a las intoxicaciones por las viandas del PANE. Cabe recordar que, por la negativa del oficialismo a tratar este tema, la oposición dejó sin quórum dos sesiones consecutivas.
Este debate consistió, básicamente, en ambos bandos acusándose de querer judicializar y/o politizar el tema y tirándose la pelota de quién es el responsable por la pobreza en San Luis: Alberto Rodríguez Saá para el oficialismo y Claudio Poggi para la oposición.
En este sentido, Juan Martín Divizia pidió “esclarecer” la situación de Bromatología, asegurando que médicos le confirmaron que los intoxicados “fueron muchísimos más que los informados por medios oficiales”. A su vez, también les recordó que desde el bloque del PJ presentaron el año pasado, “mucho antes de que fuera un año electoral”, pedidos de informe sobre cómo se aplica el PANE en la ciudad y que el oficialismo los bloqueó.
Divizia además aseguró que no quieren judicializar el tema para no recargar a la Justicia, por lo que pidió resolverlo allí en el recinto. Además, cuestionó duramente que una diputada que va por la reelección, Eugenia Gallardo, haya sido puesta frente a la Secretaría de Estado PANE.
Por el lado del oficialismo, además de culpar a Rodríguez Saá por la pobreza, también apuntaron que la solución del exgobernador fueron los merenderos. También pidieron no ser hipócritas, ya que menos del 1% de las viandas del PANE han tenido algún tipo de problema.
“¿Es tan complicado que vengan y expliquen? ¿Hissa hizo algo? ¿No hay director de Bromatología?”, fueron algunas de las preguntas que hizo el opositor Andrés Russo, mientras el oficialismo seguía repitiendo que Rodríguez Saá dejó 7 de cada 10 chicos en la pobreza.
El tratamiento sobre tablas de la interpelación se sometió a votación, lo cual fue aprobado. Más de 30 acusaciones de politizar el tema después, se votó la aprobación de la interpelación, generándose un empate que la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, desempató a favor del oficialismo.
Terminadas estas polémicas, finalmente se pudo proceder a la tan postergada asunción de Ana María Teruel. Para ello, se pasó a un cuarto intermedio para analizar las credenciales de la flamante legisladora. El mismo duró más de una hora, ya que no había remitido la renuncia como subdirectora de Cementerios de la Municipalidad de San Luis.
Cuando finalmente se concretó su asunción, su primera votación de relevancia fue junto a sus compañeros oficialistas, en contra de un pedido de informe que propuso la oposición sobre el funcionamiento de Uber y Didi en la ciudad de San Luis. Divizia dijo que la situación es urgente y que estas apps perjudican al sector del taxi. Reconoció además que hay taxistas que usan estas aplicaciones, lo que a su vez significa que están cobrando una tarifa ilegal, porque no es la fijada por el Concejo Deliberante. “Hay muchos caminos en los que se puede legislar”, dijo Divizia, antes de que el tema se sometiera a votación y fuera rechazado.
