Este jueves por la mañana, el intendente capitalino, Gastón Hissa, anunció un proyecto de ordenanza que prohibirá en toda la ciudad las actividades relacionadas al lavado o cuidado de vehículos, como los llamados “trapitos”, en la vía pública.
Según Hissa, el proyecto surge de charlas con los vecinos que le dijeron cosas como “me piden tanta plata para cuidármelo, sino me rayan el auto”; y también de “muchas notas presentadas en la Municipalidad de vecinos que no se sienten tranquilos en el centro de la ciudad”. Luego, agregó que se busca que “el espacio público no sea invadido por terceras personas que le quitan tranquilidad al ciudadano”, que los “motivó la falta de tranquilidad que está viviendo el ciudadano” y que el proyecto tiene que ver con la “lucha contra la inseguridad”.
El intendente comentó además que ayer hubo reunión con la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, quien le pidió “una herramienta” para poder actuar ante estos hechos y de ahí nació la presentación de este proyecto. “La policía va a tener las herramientas para articular y poder descongestionar esta situación del centro de la ciudad”, comentó al respecto.
La Gaceta Digital ya tuvo acceso al proyecto, el cual manifiesta en sus fundamentos que “la actividad de los denominados ‘cuidadores de vehículos’ o ‘trapitos’ han generado por parte de los vecinos reclamos relacionados a situaciones de extorsión, daños a la propiedad y conflictos entre los ciudadanos, perjudicando la libre circulación y los derechos del uso equitativo de los espacios públicos”.
“Resulta necesario establecer mecanismos eficientes de denuncia y control que permitan a los ciudadanos reportar infracciones de manera anónima y efectiva, asegurando una rápida intervención por parte de las autoridades competentes”, dice otra parte de los fundamentos, donde también se destaca “la protección de menores”.
En cuanto al articulado del proyecto, los primeros dos establecen las definiciones necesarias para este tipo de normativas, mientras que en el 3ro se fija que quien infrinja esta normativa “será sancionado con la aplicación de (200) doscientas a (500) quinientas unidades de multa” y que, si está involucrado un menor de edad, “la multa recaerá sobre los tutores del mismo”. Además, se establece que “cuando el infractor sea reincidente las sanciones se duplicarán”.
También se destaca, en el artículo 5, que a través del número telefónico 147, que es el Sistema Único de Reclamos, se podrán recibir “denuncias anónimas sobre la presencia de cuidadores de vehículos denominados ‘trapitos’”. Asimismo, se señala, en el artículo 6, que “ante la participación de menores de edad en estas actividades, se dará intervención inmediata a la Policía de la Provincia de San Luis a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección y resguardo de los niños, niñas y adolescentes”.
Esta iniciativa tomó estado legislativo hoy mismo, cuando parecía que terminaba la sesión y la presidenta del bloque oficialista, Lizbeth Huatay Otiniano, pidió la incorporación de un proyecto y su giro a comisión, sin explicar de qué se trataba, lo cual fue duramente criticado por la oposición. Ante esta situación, Huatay pidió disculpas y distribuyó copias del proyecto a la presidenta del Concejo y al bloque opositor, pero jamás dijo de qué se trataba.
Tras varios minutos de confusión, la oposición logró que la secretaria Legislativa del Concejo leyera el proyecto y obviamente explotaron las críticas por parte del Partido Justicialista, cuyos concejales aseguraron que lo que se busca es “criminalizar la pobreza” y otros argumentos similares que seguramente se repetirán cuando se trate en el recinto, ya que hoy lo que se logró fue su incorporación y el giro a las comisiones de Seguridad y Legislación e Interpretación.
