Este lunes se conoció que el fiscal Francisco Assat pidió la pena de dos años de prisión para el secretario general de ATE y candidato a diputado provincial por el Frente por la Justicia Social, Fernando Gatica, por el violento ingreso que hizo junto a otros manifestantes del gremio a la Municipalidad de San Luis en enero de 2024 en el marco de una protesta por despidos. La Municipalidad de San Luis denunció por el hecho a Gatica y se pidió la elevación a juicio.
El pedido de prisión es para Gatica, candidato a diputado por el departamento Pueyrredón, y Florencia Mendoza, candidata a concejal por la ciudad de San Luis.
Desde el Frente por la Justicia Social emitieron un comunicado en el que consideran que el pedido de dos años de prisión para Gatica y Mendoza “configura un ataque a la democracia. Este intento de proscripción nos da mayor empuje en la lucha por la defensa de los derechos de nuestro pueblo, y nos reafirma en las filas de la oposición contra la triada Milei – Poggi – Hissa y su plan de miseria planificada, saqueo y disciplinamiento a nuestro pueblo trabajador”.
Como informó La Gaceta Digital (LGD) el 30 de enero de 2024, integrantes de ATE San Luis y trabajadores despedidos de la Municipalidad de San Luis se manifestaron en la vía pública y terminaron irrumpiendo por la fuerza dentro del edificio municipal para continuar el reclamo de reincorporaciones.
Mientras la protesta se realizaba frente al edificio municipal, Gatica junto a otras personas forzaron y rompieron una de las puertas de calle San Martín e ingresaron a la Municipalidad y permanecieron dentro del patio interno para continuar la manifestación.
Pasaron las horas de la calorosa tarde de aquel martes sin que fueran recibidos por ningún funcionario municipal. A las 18.45, decidieron retirarse de la Municipalidad.
Una par de días después, la Municipalidad de San Luis comunicó que interpuso una denuncia penal contra Gatica, y otros integrantes de ATE. Además, envió una carta documento para el que en el plazo de 72 horas, ATE abone una suma superior a los $6.800.000 en concepto de daños ocasionados.
