Al igual que en el Senado provincial, la segunda sesión del año en la Cámara de Diputados, tras 4 meses de vacaciones, no tuvo ninguna iniciativa legislativa destacable. La gran diferencia con el Senado es que aquí hay mayor número de opositores, quienes presentaron distintos tipos de proyecto para expresar repudio o preocupación por distintas acciones del Gobierno provincial y sus aliados.
Quizás el más llamativo de todos ellos fue uno que buscaba “expresar preocupación por las acciones del rector de la Universidad Nacional de San Luis, que atentan contra el prestigio y seriedad que históricamente caracterizaron a esta Casa de Estudios”. “Cuando habla, hace o dice, el que habla es el rector de la Universidad Nacional de San Luis. Entonces todo lo que haga, lo que tiene que hacer con sumo cuidado porque él representa a nuestra universidad”, dijo el presidente del bloque del PJ, Federico Berardo, refiriéndose a Víctor Moriñigo, que además de rector de la UNSL es candidato a diputado en tercer término por parte del oficialismo.
Berardo también se refirió a la polémica que generó que, en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, celebrado aquí en San Luis, se haya servido sushi. “Nos preocupa que la UNSL, en esta pelea que vienen dando todas las universidades públicas, haya organizado un evento en que se sirva sushi. Es ofensivo, es de mal gusto, es innecesario. También hace quedar muy parado al rector, en su carácter de rector, no de persona, que elija ser candidato de una fuerza que cuando el país entero salió el año pasado a defender la universidad pública, Claudio Poggi no dijo una palabra”, criticó Berardo.
El opositor también criticó que Moriñigo haya agradecido el ser candidato a Alejandro Cacace, el exdiputado nacional por San Luis quien hoy en día es funcionario del Gobierno Nacional, más concretamente el Ministerio de Desregularización del Estado. “Es decir, es el que está a cargo de recortarle el presupuesto a la universidad pública. Y a ese funcionario Moriñigo le agradece por ser candidato. Es una contradicción muy grande y deja muy mal parada a nuestra universidad”, sostuvo Berardo.
Para cerrar, el diputado dijo que le parece muy bien que “a partir de este proyecto”, que aparentemente le llegó a Moriñigo antes que a muchos, el rector haya anunciado que se toma licencia. De igual manera, también le pidió que cierre su cuenta de X, @moriunsl. “El está haciendo campaña de esa cuenta. Él está haciendo campaña de esa cuenta, así que por favor que no la use más o la cierre, porque está haciendo campaña de una red oficial de la universidad”, concluyó Berardo.
Por otro lado, Gloria Petrino hizo un planeo más que interesante, al cuestionar como se recibe el resultado de los narcotests a funcionarios. Según contó, recibió el resultado de su test en un archivo adjunto en un mail, firmado como “Despacho Legislativo”, aunque no sabe de cuál cámara se trata. Este archivo adjunto, dijo la diputada, venía “sin ninguna medida de seguridad de ninguna naturaleza”, lo cual no cumple con lo que dice “el artículo 3, inciso 4, del reglamento de la ley, que obliga a que el informe se entregue en sobre cerrado”. “En este caso no ocurrió y calculo que con nadie está ocurriendo”, dijo la opositora, quien consideró que este proceso no ofrece las “garantías necesarias”.
Junto a estos temas, la diputada Silvia Sosa Araujo reiteró planteos que la oposición ya ha hecho en múltiples ocasiones, como el desconocimiento del monto que el Gobierno provincial aporta al Consejo Federal de Inversiones (CFI). En este sentido, estimó que los 2.500 millones destinados a créditos para proyectos provinciales que llegarían a través del CFI “no reflejan la realidad de lo que la provincia aporta al CFI y que los únicos que se perjudican son los municipios, porque de la ley que se descuenta esta coparticipación es de la ley 23.548 que es la ley de los municipios”.
Además, presentó un proyecto manifestando su “preocupación por la intromisión del Poder Ejecutivo en el servicio de Justicia”. “El Gobierno pretende desfinanciar al Poder Judicial para que no pueda llevar adelante su tarea porque lo único que se está pidiendo y se pide conseguir”, dijo Sosa Araujo, remarcando que el Poder Judicial se está manejando con el presupuesto 2023 y que en el Senado el oficialismo ha cajoneado el proyecto que busca establecer la autarquía de dicho Poder. Asimismo, sostuvo que lo que se necesita no es una persecución como la realizada en contra del exprocurador General Luis Martínez, sino una reforma integral.
El tratamiento de todos estos proyectos fue rechazado por el oficialismo, prácticamente sin mediar palabra alguna, salvo por algunos gritos e interrupciones durante las alocuciones de Sosa Araujo. Asimismo, también se rechazó el tratamiento sobre tablas de un proyecto que buscaba crear un boleto interurbano gratuito para jubilados; y un pedido de informes sobre la situación actual de la obra Centro de Deshabituación, ubicada en la ciudad de La Toma.
