Según informaron desde el Gobierno y la Justicia provincia, una mujer recibió por error una transferencia de más de 500 millones de pesos en su cuenta judicial y, en cuestión de minutos, comenzó a mover el dinero. La Justicia imputó a seis personas por defraudación, retención indebida y fraude contra la administración pública.
La causa se inició tras una denuncia de la Tesorería General de la Provincia, que detectó que una transferencia presupuestaria destinada al pago de cuotas alimentarias de empleados públicos fue acreditada por error a una cuenta judicial particular. La cuenta, perteneciente a Verónica Acosta, estaba radicada en Villa Mercedes, por lo que el expediente fue remitido a la Segunda Circunscripción Judicial.
Según detalló la fiscal Daniela Torres en la audiencia de formulación de cargos, la transferencia se realizó el lunes 6 de mayo por un total de $510.236.811. Al detectar la irregularidad, la Tesorería dio aviso al banco, que congeló la cuenta y logró recuperar $465.690.542. El resto del dinero, más de $44 millones, ya había sido utilizado en compras y transferencias.
En menos de 10 minutos se realizaron 12 transferencias electrónicas. En total, en 24 horas se registraron más de 60 movimientos a través de billeteras virtuales y dispositivos móviles. Los fondos fueron enviados a cuentas propias creadas recientemente, a las de los otros imputados e incluso a personas de otras provincias. También se detectaron pagos de impuestos, compras de electrodomésticos, materiales de construcción, accesorios de baño, un colchón y hasta un auto y una moto.
La fiscal sostuvo que se trató de una maniobra premeditada, con el objetivo de vaciar la cuenta rápidamente. “Este dinero es parte de la sociedad sanluiseña”, remarcó.
Los imputados son Verónica Acosta, Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil. La fiscalía les atribuye los delitos de defraudación mediante el uso indebido de tarjetas de débito o crédito, fraude a la administración pública y retención indebida.
La fiscalía de Estado, representada por Flavio Ávila, adhirió a la formulación de cargos y destacó la peligrosidad del accionar, por la rapidez de las maniobras y el uso de herramientas tecnológicas.
La defensa, a cargo de Silvia Morán y Ximena Bertoli, pidió una prórroga de detención de siete días para preparar su teoría del caso. También solicitó la prisión domiciliaria para dos de las imputadas, por encontrarse en período de lactancia.
La jueza subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, Antonela Panero, hizo lugar a la formulación de cargos y concedió la prórroga de detención para las seis personas. También autorizó la prisión domiciliaria para las imputadas que atraviesan el período de lactancia, aplicando la perspectiva de género.
Por pedido de las partes, la magistrada autorizó el peritaje de los teléfonos de los imputados para analizar comunicaciones y movimientos entre el 6 y el 8 de mayo. Además, ordenó la apertura de una nueva cuenta judicial donde se depositará el dinero que pueda ser recuperado.
La audiencia de revisión fue fijada para el próximo 16 de mayo.
