Este miércoles por la mañana, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis ofreció una conferencia de prensa para anunciar el impulso de más de 25 causas judiciales por ejercicio ilegal de la profesión. La presidenta de la institución, María Elena Tamayo, presentó al nuevo equipo legal del Colegio, conformado por los abogados Rafael Berruezo y Maximiliano del Signore, quienes brindaron detalles sobre las denuncias penales en curso.
“Desde que asumimos como abogados del Colegio, retomamos las causas que ya estaban iniciadas, las hemos impulsado y han avanzado. Ya han sido notificados los imputados”, explicó Berruezo, quien precisó que las acusaciones recaen sobre personas que ejercen como martilleros sin título habilitante o que, aun teniendo título, no están matriculadas.
Maximiliano del Signore fue quien brindó las declaraciones más contundentes de la jornada. “Tenemos más de 25 denuncias, 20 más por ingresar, y varios casos en donde ya hubo allanamientos, constataciones judiciales y audiencias de imputación”, sostuvo. Además, dio nombres concretos: “Entre los denunciados están Silvio Albarracín, Guillermo Miranda, Godoy Servicio Inmobiliario, Alberto Rodríguez y Héctor Maza. Queremos condenar a todos los que están realizando de manera ilegal el ejercicio de esta profesión”.
El abogado también mencionó imputaciones ya formalizadas: “Se le formuló cargos a Rosa Karina Soria, autora del delito de ejercicio ilegal de la profesión previsto y penado por el artículo 247 del Código Penal, para que sepan que todas estas consecuencias van a ir contra todos, contra todos los que denunciamos, a todos los vamos a llevar a los estratos judiciales y a todos les vamos a ir con una condena que va de 15 días a un año”.
Del Signore destacó que algunos de los denunciados se acercaron al Colegio para alcanzar acuerdos conciliatorios. “Logramos conciliar un acuerdo con más de uno y esperamos que más se puedan acercar”, señaló.
Las denuncias se distribuyen en toda la provincia. En San Luis capital, las causas están en manos de las fiscalías Nº 1, 2 y 3, mientras que en Villa Mercedes interviene la Fiscalía Nº 2. “De ahí en más queda en pos de la fiscalía avanzar hacia el debate oral para conseguir una condena”, agregó del Signore.
Por su parte, Tamayo remarcó que el accionar del Colegio busca proteger tanto a la profesión como a la ciudadanía. “Una persona no capacitada, que no conoce los términos legales ni el alcance de esta profesión, causa un perjuicio en la seguridad jurídica. Defendemos nuestra profesión y, sobre todo, buscamos brindarle seguridad jurídica a la sociedad”, concluyó.
