Este miércoles por la mañana, el centro de San Luis fue escenario de una contundente protesta encabezada por instituciones, transportistas, prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad. La movilización tuvo como eje el reclamo por el congelamiento del nomenclador nacional que regula los aranceles de las prestaciones, lo que genera una crítica situación financiera en los centros que brindan asistencia diaria.
Marcos Barzola, propietario del Centro de Día Colibríes, explicó que “todos dependemos de los mismos aranceles que no aumentan desde el año pasado. Y los últimos meses del año pasado fueron aumentos insignificantes realmente”. Según detalló, en septiembre fue del 1%, en octubre otro 1%, en noviembre del 0,8% y en diciembre apenas del 0,5%. “Este año directamente no hubo aumento. Nos pone en una situación crítica”, sostuvo. En su centro, que actualmente recibe a 30 personas con discapacidad, llevan tres meses generando deudas en cargas sociales. “Eso es lo primero que dejamos de pagar cuando enfrentamos una situación financiera complicada”, advirtió.
Barzola también se refirió a los costos de funcionamiento. Señaló que “el servicio hoy en día está en unos 700 mil pesos cuando la persona requiere mayor asistencia y 500 y algo cuando requiere menor asistencia”. Ese monto, explicó, cubre todas las prestaciones durante el mes, como alimentación, materiales y actividades. En Colibríes trabajan actualmente 20 personas, entre empleados en relación de dependencia y profesionales que facturan sus servicios.
Barzola también señaló que el Estado provincial, que cuenta con una Secretaría de Personas con Discapacidad, no hace ningún aporte en particular para mejorar la situación, más allá del pago de aranceles que se realiza a través de Dosep. “El Estado Provincial hace un pago de aranceles de las prestaciones que cubre DOSEP, como puede ser transporte o kinesiología o fonoaudiología, o, en nuestro caso, la prestación que es el Centro de Día. Estos aranceles de DOSEP históricamente siempre han estado por debajo de los aranceles nacionales. Hoy, increíblemente, se acercan mucho los aranceles de DOSEP a los nacionales porque DOSEP ha subido algunos porcentajes y los nacionales nada”, explicó Barzola.
Daniela Pappa, psicóloga del Centro de Día La Esperanza, también participó de la movilización. “Estamos todos reunidos acá para reclamar sobre todo los derechos de los chicos y las chicas que concurren al centro de día y de la gente que también trabaja en la institución”, afirmó. Contó que los recortes han sido fuertes y que “los salarios están bastante atrasados”, lo que impacta directamente en el funcionamiento de los servicios.
Pappa aseguró que “cada vez son más recortadas” las prestaciones para personas con discapacidad, lo que perjudica su calidad de vida. “Sabemos que el dinero es importante para que esos derechos se sigan manteniendo”, expresó. También indicó que, si bien se trata de servicios financiados principalmente por Nación a través de la ley de discapacidad, el impacto se siente “en todo, en mayor o menor medida”.
