Verónica Acosta, la mujer que recibió por error una transferencia del Gobierno de San Luis por $510 millones de los cuales gastó $44 millones, fue imputada por la Justicia junto a cinco de sus familiares por los presuntos delitos de defraudación, retención indebida y fraude contra la administración pública. La mujer sostiene que no estafó a nadie, quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno para que le levante la causa penal porque tiene miedo de ir presa.
“Yo cuando veo la noticia dice que el Gobierno me denuncia por estafa, lo cual yo no me siento una estafadora, no soy una estafadora, nunca he robado nada, nunca firmé algo para mentir que me depositen esa plata, la plata sí me la gasté, estaba en mi cuenta, llegó de manera anónima, decía ‘data’”, dijo Acosta en declaraciones al periodista Pablo Oro.
Ante la imputación judicial a los seis implicados, Acosta quiere llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para evitar una muy probable pena. “Siento que el Gobierno tiene este poder de llegar a un acuerdo con nosotros. Levanten la causa porque yo no he estafado a nadie, ni yo ni mi familia, o sea, a ellos les transferí la plata, en ningún momento tampoco sabían de dónde venían, no es que una conspiración, como dijo la doctora Torres”.
Los otros imputados en la causa son Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil.
La fiscal Daniela Torres detalló en la audiencia de formulación de cargos que la transferencia se realizó el lunes 6 de mayo por $510.236.811, pertenecientes a una partida destinada al pago de cuota, a la cuenta judicial de Acosta. Al detectar la irregularidad, la Tesorería dio aviso al banco, que congeló la cuenta y logró recuperar $465.690.542. El resto del dinero, más de $44 millones, ya había sido utilizado en compras y transferencias.
En menos de 10 minutos se realizaron 12 transferencias electrónicas. En total, en 24 horas se registraron más de 60 movimientos a través de billeteras virtuales y dispositivos móviles. Los movimientos en las cuentas judiciales no pueden superar los $500.000. Los fondos fueron enviados a cuentas propias creadas recientemente, a las de los otros imputados e incluso a personas de otras provincias. También se detectaron pagos de impuestos, compras de electrodomésticos, materiales de construcción, accesorios de baño, un colchón y hasta un auto y una moto.
“Lo primero que pensé que era una bendición para mejorar la calidad de vida mía y la de mis hijos”, dijo Acosta, quien agregó que desde que está imputada no tiene ingresos. “A todos nos congelaron las cuentas bancarias, nos congelaron todo tipo de tarjetas, tipos de crédito, una de mis cuñadas quedó sin trabajo porque le dieron de baja en el plan de Inclusión. Se han llevado todo, hasta la cama, los electrodomésticos, el cerámico, la mochila del baño, todo se han llevado”, contó la mujer.
Hacia el final de la entrevista, Acosta reflexionó sobre lo sucedido y mostró arrepintiendo, ante las consecuencias judiciales que atraviesa. Si tuviera que volver el tiempo, la verdad, no la tocaría la plata, no se lo deseo a nadie pasar por esta situación, más teniendo niños de por medio. Esta semana fueron muy traumáticas para ellos, los chicos se levantan llorando, preguntando si nos van a llevar la Policía. Estamos con mucho miedo de ir presos”, expresó la imputada.
