Ante una pregunta de este medio, el diputado Carlos Pereira, integrante del Jurado de Enjuiciamiento, destacó que este cuerpo se encuentra de lleno trabajando en los casos de los fiscales Daniela Torres (de la segunda circunscripción judicial) y Andrés Salas (de la primera), cuyas causas fueron elevadas al jury la semana pasada. Cabe recordar que ambos fueron suspendidos de sus funciones mientras dure el proceso, con derecho a percibir el 50% de sus sueldos.
“Es un proceso de elevación a juicio oral, que lo prevé la ley de jurado de enjuiciamiento. Y en ese marco previo hay una serie de actos procesales preparatorios del juicio oral que tienen que ver con la prueba, y luego finalmente el presidente del tribunal fija fecha. Lo que hoy hay es una realidad de que, a instancia de una investigación sumaria, preliminar, hay elementos que han motivado que el jurado disponga la suspensión de los funcionarios judiciales, y la deducción del 50% de sus sueldos. Esto no es una condena anticipada, nosotros juzgamos el desempeño de los magistrados, y que los mismos se ajusten a las normas tanto procesales como de ética en el ejercicio de la magistratura y la función pública. No juzgamos la comisión de un delito. El juicio lo que puede determinar es una remoción con inhabilidad para ejercicio de cargo público o, eventualmente, si se acredita la inocencia de los cargos imputados, la absolución”, explicó Pereira, quien aclaró que no puede expresar su opinión sobre ambos casos ya que podría constituir un causal de remoción.
Pereira pidió destacar además “la labor que está haciendo el jurado, integrado por diputados, abogados de la matrícula y magistrados”, señalando además que las denuncias en contra de estos fiscales fueron radicadas por “un justiciable” (en el caso de Salas) y por un funcionario del Poder Judicial en el de Torres. En este sentido, destacó el “este rol de algunos funcionarios judiciales de velar por el cumplimiento de la ley en el desempeño de los cargos públicos”.
La admisión del jury contra el fiscal adjunto Andrés Salas —resuelta el 15 de mayo y publicada oficialmente el 21— tiene como contexto una denuncia por violencia de género presentada por su expareja en 2023. Salas fue imputado por cinco hechos de amenazas y cinco de desobediencia, todos enmarcados en una supuesta situación de violencia sistemática que también afectó a las hijas de la denunciante. A pesar de ello, el fiscal continuó ejerciendo funciones durante la feria judicial de enero de este año con una tobillera electrónica, en una decisión que generó gran controversia en el ámbito judicial.
En un momento desde que se conoció el caso, la querella y fiscalía habían llegado a un acuerdo de probation, que es la suspensión del juicio a prueba a cambio de que el imputado cumpla determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por la Justicia. En este caso, se trataba de la internación de Salas en una clínica psiquiátrica privada, en otra provincia, para realizar un tratamiento acorde. Sin embargo, a último momento, la titular de la Defensoría de Niñez Adolescencia e Incapaces Nº 2, Marcela Torres Cappiello, se opuso a la probation, remarcando que esta figura no es habitual en casos de violencia de género y sentó su jurisprudencia. Y a pesar de que la denunciante había prestado acuerdo a la probation, la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, decidió no validarlo y elevó la causa a juicio.
En cuanto a Torres, la fiscal fue denunciada por el juez de Garantías N° 2 de la segunda circunscripción judicial, Matías Farinazzo Tempestini. La causa gira en torno a la desaparición de casi $500.000 que fueron secuestrados durante un allanamiento, realizado en un domicilio donde viven dos hermanos. Sin embargo, la madre de estos hombres acreditó que el dinero le pertenecía a ella y pidió su devolución.
Durante una audiencia por este caso, el juez Farinazzo Tempestini ordenó la restitución de ese dinero, a lo que Torres respondió que se encontraba depositado en una cuenta judicial de procuración. El juez volvió a ordenar la restitución inmediata, pero Torres interpuso un recurso de apelación con efecto suspensivo. Farinazzo concedió la apelación, pero sin el carácter suspensivo. Mientras el juez daba a conocer su resolución, la fiscal se retiró de la audiencia de manera intempestiva.
Lo siguiente que se conoce sobre la causa es que la mujer en cuyo domicilio se realizó el allanamiento recuperó el dinero, aunque el monto fue ligeramente menor al denunciado. Asimismo, se habría constatado que el dinero nunca estuvo en una cuenta judicial, menos aún de procuración.
Por ello, Torres ha sido denunciada por incumplimiento al artículo que trata sobre bienes secuestrados; incumplimiento de órdenes judiciales, faltar a la verdad en audiencia ante el juez de Garantías y falta de decoro en el cumplimiento de sus funciones.
