Paola Tonelli, José Toledo y Graciela Apaza comenzaron a ser juzgados este miércoles por un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción en la causa que investiga la presunta emisión de certificados médicos falsos y otros documentos públicos y privados. Las personas imputadas están acusadas de los delitos de asociación ilícita, falsificación y defraudación y enfrentan un pedido de condena de cinco años de prisión. El debate oral continúa este jueves a las 9 horas.
Según la acusación fiscal, los imputados cometieron distintos delitos que fueron descriptos de la siguiente manera:
A Tonelli y Apaza se las acusa de:
Asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y privados. Ambos delitos se consideran cometidos en concurso real, lo que significa que se los trata como delitos independientes, sumando sus penas en caso de condena.
A Toledo (pareja de Tonelli y empleado estatal) se lo acusa de:
Defraudación a la administración pública, falsificación de documentos (estos dos delitos están en concurso ideal, lo que significa que con un solo acto se habrían cometido ambos delitos), y asociación ilícita.
En este caso, todo se considera en concurso real con la asociación ilícita, lo que indica que este último delito es independiente de los otros y se sumaría a la pena en caso de condena.
En su teoría del caso, la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, narró que existió entre los tres imputados un acuerdo común “con clara división de tareas para llevar adelante la maniobra delictiva”.
Tonelli y Toledo, quien revestía el carácter de agente estatal, ofrecían sus servicios a través de publicaciones en redes sociales como Facebook y en sus estados de WhatsApp. Allí promocionaban la confección de diversos documentos apócrifos: certificados médicos, justificativos laborales y escolares, libretas sanitarias, carnets de conducir, entre otros.
Una vez que los interesados establecían contacto y acordaban el tipo de documento y su precio, realizaban el pago mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago a nombre de Toledo. En esta etapa intervenía Apaza Señani, quien recibía los archivos por mensajería o accedía a documentos previamente guardados en su computadora para imprimirlos y prepararlos.
La Fiscalía remarcó que, incluso después de la primera formulación de cargos, los imputados continuaron con este tipo maniobras delictivas.
El caso se conoció el 6 de marzo de 2024, cuando un médico y ex pareja de Tonelli, denunció en la Unidad de Abordaje Fiscal que su firma y sello habían sido utilizados sin su autorización para emitir documentos apócrifos. A partir de esta denuncia, se inició una investigación en conjunto con el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis y con la colaboración de la empresa Meta, se logró identificar a los administradores de la cuenta vinculada a la venta ilegal de certificados.
En uno de los allanamientos en el domicilio de Tonelli y Toledo se secuestraron recetarios médicos con firmas y sellos falsificados, formularios de ANSES, copias de DNI, hojas de prueba de sellos y el teléfono celular de Tonelli.
Además, en el celular de Tonelli se hallaron conversaciones que evidencian la venta de certificados médicos por montos que iban de $1.200 a $2.000, dependiendo de la cantidad de días justificados. Los pagos se realizaban a través de Mercado Pago, en una cuenta registrada a su nombre.
Entre los archivos recuperados, se encontraron también certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para asignaciones familiares, libretas sanitarias y otros documentos utilizados para justificaciones laborales y escolares. También se constató que la imputada ofrecía estos certificados mediante estados de WhatsApp.
Con el avance de la investigación, se realizaron nuevas pesquisas a los teléfonos de la pareja acusada, lo que dio por resultado la aparición de una tercera persona, Apaza Señani, indicada como la encargada de imprimir los documentos apócrifos.
“Mi defendida no sabe ni confeccionar ni editar archivos”
Héctor Zabala Agüero, abogado de Apaza, dijo que a lo largo del debate va a probar la inocencia de su defendida. “Sólo tenía un local de frutas y verduras y con el tiempo añadió el servicio de impresiones para la gente del barrio, nada más. No sabe ni modificar ni editar un archivo, solo recibía los archivos y los imprimía, nada más. Hacía ese trabajo como con cualquier otro vecino”, dijo el abogado defensor.
“Solo buscan justificar el despido de empleados públicos”
Federico Farías, defensor de la pareja Tonelli y Toledo, dijo en su alegato de apertura que tanto la fiscalía como la querella “llegaron al debate con evidencias muy débiles y no tienen ni una sola prueba que rompa con el estado de inocencia de mis defendidos”.
Y agregó: “Todo esta maniobra y denuncia fue hecha para justificar los despidos de empleados públicos”.
Fuente: Prensa Poder Judicial
