Tras un lentísimo arranque de año, la actividad legislativa comienza finalmente a activarse en el Concejo Deliberante capitalino. Continuando con el orden del día de la semana pasada y el tratamiento de dos proyectos prácticamente indistinguibles, al punto de que claramente deberían haber sido uno solo. Esto quedó en evidencia cuando la oficialista Micaela Medina, al presentar los despachos de comisión de estos proyectos, los terminó confundiendo.
Uno de los proyectos es para “facilitar el acceso a los servicios sanitarios esenciales a quienes poseen inmuebles a titulo precario”, mientras que el otro busca “dar solución a los vecinos que no cuentan con la conexión domiciliaria de los servicios sanitarios esenciales como lo son los de provisión de agua corriente y desagües cloacales”.
En este sentido, Medina explicó que el primero de ellos, el que habla de “facilitar”, busca “establecer un criterio preciso para determinar el marco legal respecto a quienes pueden acceder a una conexión domiciliaria a la red de agua potable o desagües cloacales”. El otro, el de “dar solución”, trata sobre “priorizar los recursos con los cuales se cuenta para facilitar el acceso a estos servicios”.
En pocas palabras, los proyectos constituyen una suerte de plan municipal, mediante el cual los vecinos de la ciudad de escasos recursos, o que tengan un título precario del lugar donde viven, podrán conectarse a la red cloacal y a la de agua potable. A su vez, la conexión podrá pagarse en 12 cuotas y gratuito para personas o familias en situación de vulnerabilidad que se sometan a una encuesta socioeconómica.
Por el lado de la oposición hubo múltiples críticas a estos proyectos, principalmente por su falta de claridad. Señalaron que no se detalla de dónde saldrán las partidas, que no se sabe “el universo por el cual” estaban legislando, que no se menciona quien es la autoridad de aplicación y que no se especifica el costo de las conexiones.
Los opositores se manifestaron a favor de que los servicios municipales lleguen a las familias con menos recursos de la ciudad, pero señalaron que, por las pocas precisiones de los proyectos se iban a abstener de votar. Para la presidenta de la bancada oficialista, Lizbeth Huatay, “queda evidente” que a los opositores “no les interesan los vecinos”, ya que hoy no votaron a favor y, la sesión pasada, se levantaron y la dejaron sin quórum. Como siempre, los opositores les recordaron que ellos tienen mayoría y, “si hubiesen tenido ganas de trabajar”, podrían haber sacado este proyecto hace semanas.
Unos minutos después, los proyectos fueron sometidos a votación y aprobados con el voto del oficialismo, tras la abstención de la oposición.
Finalizado el tratamiento de estos proyectos, tomaron estado legislativo las rendiciones del Poder Ejecutivo municipal correspondientes al 3er y 4to trimestre de 2024 y al primero de 2025, algo que la oposición, particularmente Russo, ha reclamado en decenas de sesiones. “Llegaron el 10 de junio, no como usted decía, señora Presidenta, que ya las tenía”, fue lo primero que remarcó Russo, retrotrayéndose a la sesión del pasado jueves.
Como estas rendiciones no estaban en tratamiento, Alejandro Cordido planteó una cuestión de privilegio, donde sostuvo que los oficialistas no querían que se hablara del tema porque “son parte de tapar la corrupción que acá se refleja”. “Ustedes arrancaron hace un año y medio diciendo ‘chorros, corruptos’ y ¿saben lo que hacen? Ocultar esto”, continuó Cordido, señalando además la demora en las presentaciones de las rendiciones de 2023.
Obviamente, no faltaron los condimentos típicos de toda sesión, como la oposición tratando de tránsfuga a la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, quien fue electa por la lista de Sergio Tamayo y ahora integra las filas de Hissa; o el oficialismo insinuando que los opositores son corruptos y remarcando que ellos no son iguales. Además, como siempre, desde la oposición recordaron que no se están realizando las sesiones en los barrios. Tampoco faltaron las cuestiones de privilegio y las referencias a las facturaciones que funcionarios del Ejecutivo, como Andrés Heredia, hicieron a Transpuntano.
En esta larguísima sesión de 5 horas también se destacó un pedido de informe presentado por la oposición, el cual pide explicaciones con respecto a una licitación para la compra de dos camiones y dos equipos compactadores, ya que se rechazó una oferta que estaba más de $26 millones por debajo del presupuesto oficial y se optó por una que supera el mismo por $14 millones, lo que significa una diferencia de 40 millones entre una oferta y la otra. El motivo del rechazo, explicó Russo, “se basa en una observación sobre los ‘patines guía’ de la caja compactadora, criterio que no estaba contemplado en el Pliego de Especificaciones, y que constituye un criterio técnico introducido posteriormente, alterando las reglas del proceso y afectando la igualdad entre oferentes”.
Alegando que claramente se intentó favorecer a un oferente por sobre el otro mediante un criterio que no figuraba en el pliego licitatorio, Russo invitó al oficialismo a acompañar el proyecto de pedido de informe para así despejar dudas, pero obviamente eso no pasó y el proyecto fue rechazado y enviado a comisión, de donde seguramente nunca saldrá.
