Esta mañana se realizó la segunda jornada del juicio oral y público en la causa de los certificados truchos con Paola Tonelli y José Toledo como principales acusados, junto a Graciela Apaza, cuyo rol en la supuesta asociación ilícita es un gran punto de debate.
La jornada de hoy consistió en gran parte en la declaratoria de Carina Bernal, del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis, quien junto a la fiscal Virginia Palacios expuso mensajes extraídos del teléfono de Tonelli, acordando la venta de estos certificados a distintas personas. En mensajes que se leyeron y audios reproducidos esta mañana se pudo apreciar como la mujer vendía estos certificados inicialmente a $2.000 el día y luego a $3.000.
De publicaciones en grupos de Facebook, a nombre de médicos que se llamaban “José Velásquez” y “Marcelo Velazques”, surgen ofertas de estos certificados y también promociones, como 5 días por $1.500 cada uno. Asimismo, se ofrecía un servicio de delivery, por $1.200.
Por su parte, en los audios que se reprodujeron esta mañana, se puede apreciar que no todos sus clientes estaban al tanto de que no se estaban comunicando con un consultorio médico. Muchos creían que era un médico quien ofrecía los certificados, ignorando que Tonelli y Toledo eran quienes los confeccionaban, con firmas y sellos falsificados. A quienes le preguntaban por la ubicación del consultorio, Tonelli les decía que estaba en la zona sur, en el barrio 544 Viviendas, cerca de la escuela Zavala.
Bernal y Palacios hicieron hincapié también en todos los comprobantes de Mercado Pago que fueron enviados y recibidos a cambio de estos certificados. La cuenta que se utilizaba era la de Paola Tonelli.
Por otro lado, se reprodujeron los mensajes que Tonelli le enviaba a Graciela Apaza, quien también ha sido acusada, pero no por los mismos delitos que Tonelli y Toledo. Ayer, su abogado defensor, Héctor Zabala Agüero, manifestó lo siguiente: “Sólo tenía un local de frutas y verduras y con el tiempo añadió el servicio de impresiones para la gente del barrio, nada más. No sabe ni modificar ni editar un archivo, solo recibía los archivos y los imprimía, nada más. Hacía ese trabajo como con cualquier otro vecino”.
Hoy, a través de los mensajes que se reprodujeron, se pudo apreciar que Tonelli a Apaza solamente le pedía que imprima certificados, especificando muchas veces que sean “de los que no tienen sellos” o de los que sí lo tenían. También le pidió en múltiples ocasiones que le cambie efectivo por una transferencia de Mercado Pago o viceversa.
En un cuarto intermedio realizado cerca del mediodía, la fiscal Palacios y Santiago Calderón Salomón, representante de la querella, o sea del Gobierno en este caso, hablaron con la prensa sobre las pruebas expuestas en estas jornadas y el rol de Apaza.
“Entendemos que esta prueba inculpa a los dos imputados y también a la tercera, Apaza, en una relación, pero eso será materia de alegatos. Creo que la jornada ha sido muy importante porque han detallado cada una de las comunicaciones que tuvo esta pareja y lo más importante, la compra y venta de certificados”, dijo Calderón Salomón. “Todo eso es fundamental porque uno tiene que acreditar no solamente por el tipo de delito, de adulteración, sino también que se hizo un beneficio económico. La pericia fue de aproximadamente dos horas y media, pero muy detallada, muy precisa, como nos tiene acostumbrado esta perito (Bernal)”, añadió, refiriéndose a las pericias presentadas por Bernal.
Por su parte, la fiscal Palacios también calificó las pruebas como “categóricas y contundentes” y además destacó la defensa de los acusados, la cual “está haciendo muy bien su labor”. “Confío también mucho en los jueces de este tribunal y sí, para mi es contundente la prueba. Sabemos que son culpables ahora hay que hacer el trabajo y el camino de demostrarlo”, continuó Palacios. “Consideramos que toda la prueba incorporada es una prueba absolutamente lícita y válida, pero es un delito complejo, y en esa complejidad tenemos que ir con cautela para acreditar cada uno de los acciones”, agregó la fiscal.
Con respecto a las firmas y sellos de médicos falsificadas, dijo que hay dos casos que se han podido comprobar concretamente, pero que hay certificados que involucran “a otros médicos más”.
Palacios comentó además que, si bien el pedido original de pena era de 5 años, estima que el monto final será “bastante más elevado”.
Para finalizar, consultada por la relación de Apaza, simplemente se limitó a decir: “Es distinta la situación de ella, eso es lo único que puedo adelantar. Es distinta sepan entenderme, pero no puedo adelantar más nada”.
