La Fiscalía de Estado solicitó hace casi un mes que se investigue a un psiquiatra del Poder Judicial de San Luis por presunta defraudación al Estado, por la emisión de un centenar de certificados médicos en poco más de un año. Estos documentos habrían permitido que empleados públicos provinciales se tomaran cerca de 3.000 días de licencia, es decir, un promedio de 30 días por certificado. Resta saber si la Justicia accionará penalmente contra los empleados que presentaron estos certificados y si el Gobierno provincial hará lo propio laboralmente.
“Nos llega un informe interno por el expediente administrativo, vía Trámix, en donde distintas reparticiones de la administración pública nos informan ciertas anomalías en algunos empleados, en relación a la presentación de certificados que llamaron la atención por la forma en que fueron presentados y las constataciones que se hacían. Estamos hablando de certificados de pericias psiquiátricas en donde el profesional vinculado era el doctor Franco Mastronardi, psiquiatra que trabaja en el Poder Judicial”, explicó Santiago Calderón Salomón, jefe de la sala penal de la Fiscalía de Estado, en declaraciones a La Gaceta Digital (LGD).
El caso que disparó la denuncia contra Mastronardi fue el de una empleada de la Agencia de Ciencia y Tecnología, que presentó un certificado médico psiquiátrico por 30 días, en el que se la diagnosticaba con un cuadro neurótico, trastorno de pánico y agorafobia con crisis de ansiedad. “Se determinó que esta joven se encontraba en el exterior. Justamente, se desacreditó todo tipo de patología”, afirmó el abogado. La supuesta constatación realizada por el psiquiatra habría sido virtual.
“A raíz de esto, se empezaron a detectar distintos certificados similares, con la misma patología y plazos extensivos, en una cantidad importante. Son casi 100, solo contando el último año, lo cual llamó la atención”, detalló Calderón Salomón. Son exactamente 97 los certificados que se presentaron entre enero de 2024 y el 18 de marzo de 2025.
Estos certificados, presuntamente emitidos por Mastronardi, corresponden a empleados de distintas dependencias estatales, excluyendo a la Policía de la Provincia. También se presume que podrían existir casos similares dentro del mismo Poder Judicial.
Otro punto que subrayó Calderón Salomón es que el profesional deberá responder además por una posible incompatibilidad de funciones, ya que la Ley Orgánica de Administración de Justicia prohíbe el ejercicio de actividad privada a quienes trabajan en el Poder Judicial. Mastronardi habría emitido certificados pese a tener bloqueo de título por su función pública. Según el sitio web del Poder Judicial, el psiquiatra se desempeña en la Oficina del Cuerpo Profesional Forense.
“Lo que preocupa a la Fiscalía de Estado son estas maniobras. Ya venimos de un juicio por certificados apócrifos. Este caso sería similar, porque el objetivo es defraudar al Estado. Básicamente, la plata de los impuestos de todos los sanluiseños se está pagando a personas que claramente no tienen ninguna enfermedad, que no van a trabajar y que cobran íntegramente el sueldo. Entonces, allí está la defraudación, no solamente al Estado, sino a toda la sociedad. Eso es lo que el Gobierno quiere erradicar”, concluyó Calderón Salomón.
Condena por certificados truchos
Hace 10 días, el tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial condenó a Paola Tonelli y José Toledo a 4 años de prisión como coautores de los delitos de falsificación de instrumentos privados y defraudación a la administración pública provincial, en perjuicio de la fe pública y del Estado. En la misma sentencia, Graciela Apaza fue absuelta, luego de que la fiscal de juicio Virginia Palacios desistiera de acusarla por falta de pruebas.
