La Justicia de San Luis dejó sin efecto el pedido de prisión preventiva y de fianza que pesaba sobre Verónica Acosta, la mujer de Villa Mercedes que recibió por error una transferencia de 510 millones de pesos del Tesoro provincial. La misma medida benefició a los otros cinco imputados en la causa, todos familiares y allegados de Acosta, para quienes también se había solicitado una caución de 5 millones de pesos por persona.

La defensa técnica de los acusados, a cargo del abogado Hernán Echeverría, había planteado que el dinero fue transferido por equivocación de un funcionario del Gobierno provincial y que no hubo ninguna maniobra fraudulenta por parte de Acosta ni del resto de los imputados.

“Ella no cometió ningún ardid, ningún engaño para llegar a esta situación”, afirmó el letrado, y explicó que el conflicto se originó a partir de “una operación bancaria, aparentemente errónea o automatizada”. Según indicó, la billetera virtual que recibió los fondos pertenecía legítimamente a Acosta y no se utilizó ningún dato ajeno ni tarjeta falsificada.

Antes de que se detectara el error, Acosta realizó 66 transferencias por montos que rondaban los 500 mil pesos y compró alimentos, electrodomésticos, cerámicas, un auto usado y otros elementos para su hogar. “Pensó en su familia, en sus hijos, y salió a comprar colchón, ropa de invierno, alimentos”, dijo Echeverría.

En total, se estima que gastó unos 44 millones de pesos. El resto del dinero fue revertido por el sistema bancario o recuperado a través de bienes secuestrados y devoluciones voluntarias. Según la defensa, esto demuestra que no existió intención de ocultar fondos y que los imputados actuaron con voluntad de colaborar.

Los seis acusados están imputados por estafa, defraudación y retención indebida de fondos del Estado. Sin embargo, el juez interviniente resolvió que no corresponde aplicar ni prisión preventiva ni fianza, al considerar que no hay riesgo procesal y que la caución solicitada por el Ministerio Público era “irrazonable y excesiva”, en función de la situación personal y económica de los involucrados.

A pesar de que la causa sigue en curso, la resolución judicial representa un importante revés para la acusación. “No le quepa la menor duda que en el momento de la audiencia de control de la acusación no la van a poder acusar porque mi defendida no ha cometido absolutamente ningún delito”, concluyó el abogado.