Este lunes se realizó una audiencia de control de prueba en el marco de una causa que investiga diversos delitos vinculados a difusión de imágenes Ãntimas sin consentimiento, amenazas, incumplimiento de una orden judicial y lesiones. La jueza Luciana Banó resolvió rechazar el pedido de la defensa para incorporar nueva prueba, hizo lugar a la solicitud de la fiscal de Género N° 2, Antonella Córdoba y ordenó la elevación a juicio.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados propuso la producción de nuevos elementos probatorios, pero el planteo fue objetado por la FiscalÃa. Finalmente, la magistrada consideró que no correspondÃa ampliar el cuerpo de prueba y dio por cerrada esta etapa procesal. Además, dispuso la integración del tribunal unipersonal que estará a cargo del debate oral.
Tatiana Yaccarini Iascula y Diego Oliveri son las personas imputadas. De acuerdo con la acusación fiscal, durante marzo y abril de 2020, el imputado hostigó y persiguió a la vÃctima, su ex pareja, la profesora de fitness Gabriela Fernández Aberastain.. Finalmente, publicó presuntamente imágenes de contenido sexual de la damnificada, el cual se viralizó rápidamente.
Además, el fiscal determinó que Olivieri compartió ese contenido con Yaccarini. La mujer presuntamente difundió los videos desde cuentas falsas y además amenazó de muerte a Fernández y a sus hijos menores. Estas acciones ocurrieron a pesar de que existÃa una orden judicial de restricción que le prohibÃa cualquier contacto con la vÃctima.
La causa será remitida a la Oficina Judicial del Colegio de Jueces, que deberá fijar la fecha del juicio. La querella fue representada por el abogado Santiago Olivera Aguirre, mientras que como defensores de las personas acusadas actuaron, Ramiro Rubio, por Yaccarini, y el defensor oficial, José Luis Guiñazú, por Oliveri.
Los hechos y las imputaciones
Al acusado se le atribuyen los delitos de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificadas por el vÃnculo y por mediar violencia de género, todo ello en concurso real. La pretensión punitiva solicitada por la fiscalÃa es de tres años de prisión.
En tanto, a la acusada se le imputan los delitos de distribución indebida de correspondencia, amenazas, lesiones leves e incumplimiento de una orden judicial, también en concurso real. En su caso, la fiscalÃa requirió una pena de tres años y tres meses de prisión.
El expediente avanza hacia la etapa de juicio oral, donde se debatirá la responsabilidad penal de ambas personas imputadas.
Fuente: Prensa Poder Judicial
