Foto: Prensa Cámara de Diputados

En el marco de la cruzada del Poder Ejecutivo provincial contra la mora del Poder Judicial, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzó este martes el tratamiento del proyecto de ley de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de San Luis, centrado en garantizar un “plazo razonable” en los procesos judiciales. El día de hoy, la iniciativa fue debatida junto a representantes de los tres colegios de abogados de la provincia.

Durante la reunión, se discutieron los alcances del proyecto impulsado por el Gobierno y modificaciones sugeridas por los colegios. Además, se plantearon críticas estructurales al funcionamiento del Poder Judicial, entre ellas, las oficinas de gestión unificadas (OGU), el régimen de licencias y el rol del Superior Tribunal.

“Estuvieron de acuerdo con el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, no obstante algunas pequeñas modificaciones de forma que lo hemos consensuado para ver si las modificamos”, expresó Marisa Patafio, presidenta de la comisión. La diputada aclaró que el encuentro “es un comienzo del tratamiento de esta problemática” y que se continuará escuchando a todos los sectores involucrados.

Uno de los puntos clave del proyecto es la limitación de las medidas para mejor proveer, una herramienta que los jueces utilizan para requerir pruebas o documentación adicional antes de dictar sentencia. Según explicó Gabriel Alessandro, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL), estas medidas “eran usadas excesivamente y esto provocaba una dilación también excesiva en el proceso”. Por ello, el proyecto propone que solo se pueda dictar una medida para mejor proveer por proceso.

“Antes, estas medidas interrumpían el plazo, entonces volvía a cero y había que empezar de nuevo el plazo para pronunciar. Ahora se les cambia el efecto: ya no van a tener un efecto interruptivo del plazo, sino un efecto suspensivo. Una vez cumplida la medida de mejor proveer, el plazo va a continuar corriendo en el estado en que se encontraba”, detalló Alessandro, señalando que lo planteado por el CAPSL se basa “en comentarios u observaciones que se reciben de los colegas y de los profesionales más especializados en materia procesal”.

El proyecto también establece que, una vez que un expediente queda en estado de dictar sentencia, el plazo comience a correr automáticamente, independientemente de que se ordenen nuevas medidas o del estado digital del expediente.

Además, Alessandro consideró que la iniciativa “es una buena medida” y “un buen comienzo, pero que hay que seguir trabajando sobre otras cuestiones”. En ese sentido, planteó que aún resta revisar etapas más tempranas del proceso, como el tiempo para proveer una demanda o producir la prueba.

Además de la iniciativa del Ejecutivo, se discutieron otros proyectos relativos a la Justicia, como el de notificaciones electrónicas presentado por el Superior Tribunal. Al respecto, Patafio señaló que, desde el Colegio de Abogados de San Luis, manifestaron tener “un proyecto alternativo y que no están de acuerdo con el que ha presentado el Superior Tribunal”. “Yo justamente le dije que planteara estas modificaciones por escrito y que lo íbamos a ver oportunamente, comentó Patafio. “También hablamos sobre una posible modificación integral del Código de Procedimiento, cuestión en que la mayoría de los que estábamos ahí presentes entendimos que demandaría mucho más tiempo y más debate”, añadió Alessandro.

Ambas partes coincidieron en la importancia de continuar con el diálogo y escuchar todas las voces. “Nosotros estamos en diálogo con los tres poderes. En algunos momentos recibimos mayor empatía y colaboración, y en otros nos encontramos con algunos rechazos. Pero siempre estamos buscando el diálogo y tratando de encontrar el consenso con todos los sectores”, sostuvo Alessandro.

La comisión de Asuntos Constitucionales continuará recibiendo aportes cada martes. En las próximas semanas se espera la participación de otros actores relevantes del sistema judicial, incluyendo al propio Superior Tribunal de Justicia.