Con el respaldo de 2.600 firmas recolectadas en distintos puntos del territorio provincial, un grupo de jubilados autoconvocados presentó este miércoles un petitorio a la Cámara de Diputados para reclamar la gratuidad del transporte urbano e interurbano en San Luis. La iniciativa está basada en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene rango constitucional en la Argentina.
“El petitorio lo que hace es solicitar el boleto urbano e interurbano en la provincia de San Luis, fundamentado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que está suscripto por el Estado Argentino, por lo tanto es ley en el Estado Argentino”, explicó Silvia Acosta, una de las voceras del reclamo, en diálogo con este medio.
Además del respaldo normativo, la nota presentada detalla el deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores: la pérdida de poder adquisitivo producto de las devaluaciones, la falta de recomposición de los haberes, el aumento de los servicios, los alimentos, los alquileres y especialmente de los medicamentos, que ya representan un 60% de la canasta de este sector. “La desesperación de tener que subir a un colectivo y tener que pedirle al vecino porque se nos acabó la plata”, fue, según Acosta, el verdadero motor del reclamo.
El documento, entregado al presidente de la Cámara y a los titulares de los bloques legislativos, recuerda que la Convención Interamericana obliga a los Estados a “propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona mayor”, según el inciso f del artículo 26. También se hace hincapié en que este tratado internacional tiene plena vigencia legal en las provincias.
Desafortunadamente, los diputados que recibieron el planteo no brindaron respuestas concretas. “Nos señalaron que la provincia está por decretarse en emergencia. Les marcamos que la emergencia que vivimos los jubilados es muy grande. Si hay que decretar emergencia, el jubilado está en situación de emergencia”, relató Acosta. La vocera también cuestionó que la situación económica provincial se utilice como excusa para evitar el tratamiento del pedido: “Señalamos que la situación de la provincia tiene que ver con decisiones nacionales, y que ellos deberían juntarse con otras provincias para que la coparticipación realmente se envíe”.
Sobre el final del encuentro, y pese a los reparos expuestos por algunos legisladores, Acosta consideró que fueron tratados “amablemente, dentro de lo correcto”, aunque admitió que “algunos (fueron) más receptivos que otros”.
“Esto es nuestro primer paso”, concluyó. “Queremos que los legisladores tomen conciencia de nuestra situación y legislen en función de la situación de emergencia que estamos viviendo”.
