El proyecto de ley de emergencia económica enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura ya generó fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición, a pocos días de que comience su tratamiento en la Cámara de Diputados, posiblemente el próximo miércoles. La iniciativa contempla, entre otros puntos, la creación de un fondo social y solidario equivalente a dos meses de sueldos estatales y erogaciones del Plan de Inclusión, como medida preventiva ante una posible mayor caída de la coparticipación nacional.
Desde el oficialismo, la presidente del bloque, Eugenia Gallardo, respaldó el proyecto y aseguró que su objetivo es resguardar el funcionamiento del Estado frente a la caída de los recursos nacionales que argumenta el poggismo. “Estamos viviendo una situación muy crítica a nivel de recursos, somos una provincia Nación dependiente. Los recursos de la coparticipación conforman más del 70% de nuestros recursos y estos recursos de coparticipación nacional están disminuyendo mes a mes. Se hace necesario implementar medidas de autoajuste ya no tanto de saneamiento como fue al principio, sino de preservar el no nombramiento, por ejemplo, de personas a la administración pública provincial. Esto ya estaba establecido desde que comenzó la gestión de Poggi.”
Gallardo también se refirió la creación del fondo social y solidario que plantea el proyecto: “La obligación que se auto impone el Gobierno la conformación de un fondo, una reserva que tiene un monto similar a todos los recursos que el Estado necesita para poder pagar sueldos tanto a la administración pública central, centralizada, a las escuelas que reciben subsidios para su funcionamiento y al Plan de Inclusión Social, suman un importe que es similar al importe que ustedes vieron reflejado en ese superávit que se mostró en la cuenta de inversión.”
La cuenta de inversión 2024 del Gobierno provincial tuvo un superávit cercano a $190.000 millones.
La titular del bloque oficialista considera que el proyecto de emergencia económica “es una cuestión de previsión, no es una situación crítica. Por ahora no está en riesgo pero vienen disminuyendo mucho los aportes, las transferencias que hace el Gobierno nacional a la provincia en concepto de coparticipación, se suma la posible reconfiguración de entes nacionales que hoy ya no van a estar en la provincia. Creo que se viene una situación tal vez más crítica de la que sospechamos.”
La visión opositora
Desde la oposición, la diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó duramente la urgencia del gobierno de Claudio Poggi por aprobar una nueva ley de emergencia, cuando todavía está vigente el Decreto N° 150, que ya había declarado la emergencia pública en múltiples áreas hasta diciembre de 2024, con una prórroga de un año.
Sosa Araujo también cuestionó el procedimiento legislativo elegido por el Ejecutivo para prorrogar aspectos del decreto vigente: “Como está vigente este decreto, en el día de hoy (este miércoles) yo hacía la presentación de solicitar la derogación de ese decreto. Lo anuncié la semana pasada y el mismo día que anuncié, se arma el expediente para pedir una nueva prórroga de la ley de emergencia que dentro de la técnica legislativa no es correcto, porque ya la vigencia venció. Si quieren hacer una nueva ley tienen que hacerla nuevamente declarando una emergencia y no haciendo una prórroga de ciertos artículos que pretendían. Si la emergencia dura un año prorrogable por un año, no podías aplicarlo por cuatro”.
Finalmente, la legisladora apuntó contra la posibilidad de evadir procesos administrativos mediante la declaración de emergencia. “La emergencia le permite salir de la Ley de Contabilidad. Al haber una emergencia, vos te corrés de la Ley de Contabilidad, en este caso, teniendo en cuenta los los montos, debería hacerse una licitación pública y lo que se están haciendo en estas construcciones de vivienda, que recién está terminando las del período que él anunció 2011, 2015 y todavía no las termina.”
