Una investigación judicial por el delito de intimidación pública derivó en allanamientos realizados en los domicilios de dos preventores ciudadanos, donde se secuestraron armas de fuego y teléfonos móviles. Ambos implicados, que eran beneficiarios del Plan de Inclusión Social, fueron inmediatamente desafectados del programa y dejaron de percibir el beneficio estatal.
Según se informó, la baja fue dispuesta por sus conductas inapropiadas, que incluyeron amenazas dirigidas a personas y edificios públicos, con la intención de alterar el orden social. La situación se agrava por la tenencia ilegal de armas de fuego.
Por orden del Juzgado de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Juan Manuel Montiveros Chada, la Policía de San Luis efectuó dos allanamientos en la ciudad capital. Uno de ellos tuvo lugar en el barrio República, donde se secuestró una escopeta calibre 28 no declarada y nueve cartuchos del mismo calibre. En el segundo domicilio, ubicado en el barrio 144 Viviendas, se incautó un arma de fabricación casera, comúnmente denominada “tumbera”.
La causa es llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de la fiscal Linda Maluf Martínez. Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia provincial, que continuará con el proceso judicial contra los ahora exbeneficiarios.
