Este jueves por la mañana se realizó la audiencia de formulación de cargos contra de Daniela Cristina Torres, quien se desempeñaba como fiscal de Instrucción N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Villa Mercedes. La funcionaria fue imputada provisoriamente como autora de dos hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real con dos hechos de desobediencia a una orden judicial, de acuerdo a los artículos 248, 239 y 45 del Código Penal Argentino.
La audiencia se desarrolló en el marco del artículo 110 del Código de Procedimiento Penal de San Luis, que establece el derecho del imputado a ser informado formalmente sobre la investigación que se lleva en su contra.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) relató los hechos atribuidos a Torres, ocurridos en 2024 mientras actuaba como fiscal en una causa por hurto y robo con arma. Según la acusación, la fiscal solicitó allanamientos en el marco de esa causa, en los que la Policía secuestró una suma de dinero en pesos argentinos. Posteriormente, el juez interviniente ordenó la devolución inmediata del dinero secuestrado, medida que —según la investigación— Torres cumplió con 13 días de demora.
Además, Fiscalía sostuvo que la imputada incumplió su deber legal de remitir los fondos incautados a la Oficina de Secuestros Judiciales, como lo establece la normativa vigente. Esa omisión, de acuerdo a lo expuesto, impidió garantizar la identidad, integridad, trazabilidad y cadena de custodia del dinero.
El Ministerio Público también incorporó a la causa oficios, actas de secuestro, constancias de allanamiento y documentación de ingreso de elementos a la Oficina de Secuestros Judiciales, y solicitó que se formulen cargos provisorios.
Por su parte, la defensa de Torres no se opuso a la formulación de cargos, pero dejó asentada la reserva de plantear nulidades y excepciones conforme al artículo 120 del Código de Procedimiento Penal.
Finalmente, el juez interviniente dio por formulados los cargos provisorios en los términos requeridos por Fiscalía, los calificó como hechos en perjuicio de la administración de justicia, y dispuso el inicio de la etapa de Investigación Penal Preparatoria, con un plazo de 60 días.
Fuente: Prensa del Poder Judicial
