Una investigación publicada por Red Ruido y CONNECTAS revela que San Luis, junto con San Juan y La Rioja, encabeza el ranking de provincias donde todas las bancas del máximo tribunal de justicia están ocupadas por personas con vínculos políticos previos al momento de su designación.
En el caso de San Luis, se trata del Superior Tribunal de Justicia, cuya integración actual, según el relevamiento, está conformada en su totalidad por magistrados que tuvieron funciones políticas, legislativas, ejecutivas o vínculos laborales con gobiernos provinciales anteriores. Esto posiciona a la provincia entre las jurisdicciones donde más comprometida aparece la independencia judicial frente al poder político.
El Superior Tribunal de San Luis está integrado actualmente por Jorge Alberto Levingston, José Guillermo L’huillier, Andrea Carolina Monte Riso y Eduardo Segundo Allende. Cecilia Chada renunció hace pocos meses tras hacerse pública la causa judicial de la mafia de las escrituras que dio a conocer La Gaceta Digital.
Los cuatro jueces actuales y Chada fueron designados durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Chada será reemplazada por el ex fiscal de Estado y primo del vicegobernador, Víctor Endeiza.
La investigación nacional abarcó las 24 cortes provinciales del país (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y determinó que 6 de cada 10 jueces de los máximos tribunales provinciales tuvieron vínculos con el poder local antes de llegar al cargo. En total, 88 de los 138 jueces relevados entran en esa categoría, y en 76 de esos casos, los magistrados fueron nombrados durante gobiernos del mismo signo político con el cual ya tenían relación.
En San Luis, si bien todas las designaciones se realizaron respetando los mecanismos legales vigentes, el estudio plantea que la falta de procesos de selección más exigentes y transparentes profundiza la percepción de falta de imparcialidad del Poder Judicial, en especial cuando se trata de causas sensibles que involucran al Ejecutivo.
Ver página 10 del siguiente cuadro para conocer quienes son los ministros del Superior Tribunal de la provincia y los cargos que ejercieron en el Ejecutivo.
“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, sostuvo la abogada y ex presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, citada en el informe. Según el Latinobarómetro, en Argentina solo el 22% de la población confía en la Justicia, una de las tasas más bajas de América Latina.
El informe también recuerda que los vínculos políticos no implican necesariamente obediencia directa, pero advierte sobre los riesgos institucionales que genera esta situación en términos de control republicano y división de poderes. “Lo relevante sería explorar qué credenciales o competencias jurídicas tienen los jueces para ocupar los máximos tribunales de justicia”, opinó Fernando Gauna Alsina, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal.
A pesar de las diferencias de contexto, la situación de San Luis comparte similitudes con las de San Juan y La Rioja, donde los cuatro jueces de sus cortes provinciales también provienen del ámbito político y fueron designados durante gestiones del mismo color partidario.
