Un grupo de abogados presentó una denuncia institucional ante el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis para que intervenga ante el mal funcionamiento del Registro Público de Comercio, una dependencia que consideran fundamental para la actividad empresarial en la provincia. El abogado Facundo Cañas Morsino, uno de los impulsores de esta presentación, advirtió que en los últimos meses se han intensificado las trabas burocráticas, el cambio arbitrario de criterios y la negativa a brindar información pública registral, afectando seriamente el ejercicio profesional.
Según explicó el letrado, los problemas comenzaron a partir del cambio de gestión en diciembre de 2023. Aunque evitó nombrar responsables concretos, remarcó que hubo un viraje en los criterios administrativos impulsado por “las esferas superiores” del organismo, lo que derivó en retrocesos evidentes como la negativa a aceptar escritos firmados digitalmente. “La misma firma digital es provista por la provincia. Es un contrasentido y una contradicción muy grande”, expresó.
Otro punto crítico, que motivó la denuncia ante el Colegio, es la imposibilidad de acceder a los legajos societarios. “Hoy los abogados no podemos acceder a la información registral, cuando es una de las principales funciones del organismo, como su propio nombre lo indica”, explicó. Además, aclaró que el problema no radica en el desempeño de los empleados. “Es una oficina que venía trabajando muy bien, sobre todo por parte de los empleados con trayectoria”, destacó.
Cañas aseguró que anteriormente los profesionales del derecho podían consultar los legajos de sociedades a través de un simple formulario de acceso a la información pública. Ese mecanismo hoy está vedado, amparándose en un artículo de la ley de procedimientos administrativos que establece que sólo las partes o apoderados pueden acceder a los expedientes. “Eso es un error garrafal, porque los legajos societarios no son expedientes administrativos”, sostuvo.
“También en alguna oportunidad me han comentado informalmente que se aduce que las sociedades son privadas y es una realidad. Las sociedades son personas jurídicas de carácter privado, pero eso no hace cambiar el carácter público del registro. Los inmuebles, por ejemplo, también son de dominio privado, pero el registro es público y cualquiera puede ver la matrícula del inmueble”, dijo el letrado, señalando como cualquier vecino puede solicitar la matrícula o la mensura de un inmueble.
Para ilustrar la gravedad del cambio de criterio, relató un caso práctico: si un abogado sospecha que una persona es socia de una empresa y quiere trabar un embargo, necesita verificar esa información en el registro. “Hoy no puedo hacerlo si no me autorizan. Bajo esta lógica, sería como si el Registro de la Propiedad Inmueble no permitiera a un escribano acceder a la matrícula de una casa sin pedirle permiso al dueño. Es un sinsentido”.
Cañas también cuestionó que, pese a que los contratos constitutivos de las sociedades se publican en el Boletín Oficial, luego el acceso a esa misma información es denegado por el Registro Público. “Se publica la constitución, pero si al día siguiente quiero ir a ver ese contrato que ya fue publicado en el boletín oficial, no me lo permiten ver”, advirtió.
Además, el abogado mencionó antecedentes judiciales relevantes a nivel nacional, como el fallo en la causa Gil Lavedra y otro de Margarita Stolbiser contra la Inspección General de Justicia (IGJ), donde la Justicia ordenó que se brindara acceso a datos registrales que habían sido negados. “La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ya dejó claro que la información de las sociedades no puede ser considerada como sensible, porque es información pública”, afirmó.
Otro ejemplo que aportó fue el de un cliente con sociedades en varias provincias, quien le solicitó presupuestar una reactivación societaria en San Luis. “No puedo ver el legajo si no me manda un poder. Tiene que gastar no menos de 100 mil pesos sólo para que yo acceda a esa información y poder hacerle un presupuesto. Así no puedo trabajar yo ni invertir él”, denunció.
Cañas insistió en que estas trabas atentan contra los objetivos declarados del gobierno provincial. “Es un contrasentido propiciar la inversión privada y al mismo tiempo poner obstáculos al funcionamiento de las sociedades, que son los sujetos que generalmente encabezan esas inversiones”, dijo. Y subrayó que el Registro Público de Comercio debería ser un instrumento que brinde seguridad jurídica a quienes quieren emprender.
Aunque aún no han sido recibidos por autoridades del Ministerio de Gobierno, el Colegio de Abogados inició gestiones para solicitar una audiencia. “Estamos dispuestos a colaborar, a generar normativa nueva si hace falta. El derecho societario es un pilar al momento de encarar cualquier tipo de inversión”, sostuvo.
Finalmente, comparó la situación local con la de la IGJ a nivel nacional, actualmente a cargo de Daniel Roque Vítolo. “La IGJ propicia la flexibilización de los trámites, el acceso a la información. Yo puedo pedir datos a la IGJ, pero no puedo hacer lo mismo en el Registro Público de San Luis. Es contradictorio”, concluyó.
