El Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial rechazó el planteo de nulidad formulado por la defensa en una causa por defraudación que investiga el uso indebido de vehículos oficiales.
La causa se inició en diciembre de 2023 a partir de una denuncia de Fiscalía de Estado, que informó la faltante de cinco vehículos pertenecientes al Estado provincial, los cuales no se encontraban bajo su custodia. Durante la investigación, los rodados fueron localizados.
Se determinó además que las personas que los utilizaban realizaban cargas de combustible abonadas por el Estado, sin cumplir ninguna función ni desempeñar cargo alguno en la administración provincial.
La defensa sostuvo que se había vulnerado el derecho de defensa en juicio, que sus asistidos no fueron debidamente notificados de las actuaciones en su contra y que se les impidió participar en la investigación, entre otros argumentos.
La fiscalía respondió que los imputados y la Defensoría Oficial fueron notificados para ejercer el control de las medidas y que siempre tuvieron acceso a las pruebas, señalando que se trata de una investigación compleja en la que no se vulneraron derechos.
El juez de Garantía Nº 2 rechazó el planteo, indicando que no se acreditó un perjuicio concreto ni afectación de garantías. El Tribunal de Impugnaciones confirmó la resolución, al considerar que no surgía de la causa que los imputados estuvieran impedidos de ejercer derechos, controlar o cuestionar la evidencia, ni aportar la propia. También señaló que no hubo incorporación irregular o ilegal de pruebas ni perjuicio actual, concreto o irreparable.
El tribunal estuvo integrado por Hernán Herrera, María Moserrat Bocca y Marcelo Oscar Bustamante Marone. Intervinieron el fiscal Maximiliano Bazla; el querellante, en representación de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila; y el defensor de los imputados, Pascual Celdrán.
Formulación de cargos
En consecuencia, este viernes el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a cuatro personas sospechadas de utilizar vehículos provinciales en beneficio propio o de terceros. La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantías Nº 1. Se imputó a Francis Emmanuel Freixes, Sofía Elizabet Aguilera y Jorge Humberto Cejas por peculado (art. 261, segunda parte, Código Penal) y a Sergio Fabricio Olivares por peculado culposo (art. 263, Código Penal). Una quinta persona no se presentó a la audiencia.
La fiscalía indicó que el hecho ocurrió entre el 1º de marzo de 2021 y el 12 de diciembre de 2023, período en el que los acusados estaban autorizados a conducir vehículos oficiales. Según la investigación, cargaron combustible a través de un convenio entre el gobierno provincial y una estación de servicio de Buena Esperanza, mediante un sistema de identificación personal y vehicular, pero sin destinarlo a actividades estatales.
Se realizaron pericias contables para determinar el volumen de combustible y el gasto correspondiente. Fiscalía precisó que tres de los imputados eran funcionarios provinciales y que Olivares trabajaba en el Plan de Inclusión Social.
En el caso de Freixes, cuenta con un antecedente reciente: en 2023, un tribunal provincial lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el homicidio culposo de Domingo Hugo Barroso. Es hijo del ex ministro condenado Sergio Freixes y hermano de la ex senadora oficialista Diamela Freixes.
A su vez, Sofía Aguilera protagonizó el año pasado un escándalo en la Cámara de Senadores, cuando fue removida de su cargo en el Senado provincial. Según manifestaron desde el oficialismo provincial, Aguilera nunca iba a trabajar.
La defensa solicitó que no se formularan cargos, alegando persecución política y asegurando que las cargas estaban autorizadas y se destinaron a tareas de acción social. Los imputados declararon y respondieron preguntas de la fiscalía.
Olivares dijo que transportaba niños a la escuela y mujeres a controles médicos; Cejas afirmó no recordar haber conducido los vehículos investigados; Freixes relató trabajos de acondicionamiento en el Pueblo Ranquel y pidió una inspección ocular; Aguilera sostuvo que los rodados se usaron siempre en beneficio de la comunidad.
Intervino como juez subrogante en el Juzgado de Garantía Nº 3, Alfredo Cuello; como secretaria, Natalia Pereyra Cardini; por la fiscalía, Maximiliano Bazla Cassina y Nayla Cabrera Muñoz; y en la defensa, Pascual Celdrán.
