La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto de Emergencia Habitacional que remitió el Ejecutivo. El tratamiento de la iniciativa se hizo sobre tablas, algo que no es habitual para un proyecto de ley en la Legislatura de San Luis, lo que denotó el innecesario apuro del oficialismo para aprobar el proyecto. Un interesante dato que aportó la diputada opositora Claudia Pinelli es que el Gobierno tiene planeado construir 1.100 viviendas por año, según lo que manifestó el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini.


Los principales aspectos de la Ley de Emergencia Habitacional son:
– Declarar la emergencia habitacional en la provincia por cinco años prorrogable por períodos anuales por el Gobierno.
– Se crea la Secretaría de Estado de Política Habitacional que tendrá rango ministerial dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. Esta Secretaría tiene como principales objetivos establecer las políticas en material habitacional y ejecutar planes de viviendas.

Otro punto importante es que como mínimo el 50% del presupuesto destinado para obras públicas será destinado a la construcción de viviendas.

La diputada del poggismo, Ingrid Blumencweig, fue la encargada de brindar los argumentos de urgencia para que se tratara la iniciativa en la sesión de este miércoles. “Más de 66.000 familias se inscribieron en este plan (Tenemos Futuro), es decir, casi 191.000 personas de nuestra provincia carecen de una vivienda digna, lo que constituye más de un tercio de la población de San Luis. Este déficit habitacional no puede esperar los plazos ordinarios del trámite legislativo sin agravar el padecimiento de miles de sanluiseños”, dijo la diputada.

“Otra cosa muy importante para fundamentar la urgencia es que es la proximidad del debate del Presupuesto Provincial 2026 que exigiría que esta ley esté vigente para asegurar que se destinen los recursos correspondientes desde el inicio del próximo ejercicio. Porque si postergamos su aprobación, corremos el riesgo de que las partidas necesarias no sean contempladas a tiempo, demorando la ejecución de obras y prolongando innecesariamente la espera de miles de familias”, fue el otro argumento de Blumencweig.

En este punto hay que recordar que Bertolini admitió a La Gaceta Digital que la partida para la construcción de viviendas para el año que viene ya está incluido en el proyecto de presupuesto 2026.

La diputada opositora Silvia Sosa Araujo criticó que ante el apuro de oficialismo de tratar esta ley, ya que el proyecto nunca llegó a la comisión pertinente y no se pudieron hacer los aportes para mejorarlo.

La peronista señaló que San Luis tiene déficit habitacional por los bajos salarios porque hay ciudadanos que no pueden acceder a la vivienda propia. El otro motivo del déficit es el crecimiento demográfico que hubo en la provincia desde 2010.

Mencionó que hasta 2022, la población creció en 109.000 personas. Calculó que se deberían construir 27.500 viviendas dividiendo por cuatro (familia tipo), pero restando la cantidad de casas que se construyeron desde 2010 a 2022, el número de viviendas que se deberían construir son 15.000 en promedio.

Otro dato que agregó la legisladora es que solamente el 37% de los inscriptos en el plan Tenemos Futuro tiene un trabajo formal y que el valor inicial de la cuota de la vivienda sería de $250.000 ajustable por inflación.

A pesar de las críticas de varios legisladores de la oposición acompañó con su voto el proyecto oficialista. “Vamos a darle desde este bloque el voto de confianza para que cumpla y le construya a cada habitante que necesita su vivienda, pero vamos a seguir de cerca que el adjudicatario sea la persona a la que le corresponde porque hemos visto adjudicaciones que no son certeras”, señaló Sosa Araujo.

Por su parte, la titular del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, agradeció a la oposición la voluntad de acompañar la Ley de Emergencia Habitacional. Para la legisladora, el Gobierno admite el problema el déficit habitacional y se hace cargo de resolverlo.

Al momento de la votación, el proyecto fue sancionado por el voto positivo de los 35 diputados presentes en la sesión.