Un proyecto de ley presentado por el Gobierno ante la Legislatura apunta a combatir el robo de cables de cobre y metales no ferrosos en la vÃa pública, un delito que afecta servicios esenciales como electricidad y telecomunicaciones y que además implica riesgos mortales por quemaduras o electrocución.
La iniciativa surge ante el incremento del mercado negro de estos materiales, impulsado por su alto valor comercial. De aprobarse, regulará la actividad de personas y empresas que operen de manera comercial o industrial con metales no ferrosos, ya sea en forma permanente o eventual.
La autoridad de aplicación será la Dirección Provincial de MinerÃa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, encargada de la identificación y control en este mercado.
Entre los puntos principales del proyecto se destacan:
Registro y trazabilidad obligatorios
• Creación del Registro de Actividades Vinculadas a Metales No Ferrosos (Art. 6°), donde comerciantes, chatarrerÃas y fundiciones deberán inscribirse y documentar cada operación (origen, destino, datos de compradores y vendedores).
• Implementación de un sistema para rastrear el movimiento de metales y detectar transacciones ilÃcitas (Art. 7°).
Control e inspecciones
• La Dirección Provincial de MinerÃa podrá clausurar locales, decomisar materiales, aplicar multas equivalentes a hasta 5.000 litros de nafta o inhabilitar negocios infractores (Art. 12°).
• En casos de delitos como el robo de cables, se dará intervención inmediata a la policÃa y al Ministerio Público Fiscal (Art. 11°).
Prohibiciones y medidas preventivas
• Se prohÃbe la venta minorista de metales no ferrosos por parte de empresas de servicios públicos (Art. 8°).
• Las empresas podrán registrar sus cables e infraestructura en un catálogo oficial para facilitar la identificación de materiales robados (Art. 8° y 9°).
El proyecto busca proteger infraestructura crÃtica, evitar cortes de servicio por robos y desarticular redes delictivas que lucran con este tipo de delitos.
