Este lunes por la mañana se realizó en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial la audiencia de control de acusación en la causa por el homicidio de Maximiliano Chávez. Allí se resolvió que la imputada, Brisa Brizuela, enfrente un juicio oral y continúe detenida bajo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta la finalización del debate.
La joven está acusada de haber dado muerte a quien era su pareja, Maximiliano Chávez, en un hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2024 en una vivienda del barrio La Ribera, donde ambos convivían. Fiscalía la imputó como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y solicitó la pena de prisión perpetua.
Durante la audiencia, que se extendió por casi tres horas, el Ministerio Público Fiscal expuso su teoría del caso. Sostuvo que, entre las 14:10 y las 14:23 del 21 de diciembre, Brizuela atacó a Chávez con un cuchillo monofilo, aplicándole una puñalada en el hemitórax izquierdo que le provocó la muerte por shock hipovolémico. Según detalló, la herida fue producida de frente a la víctima, lo que descarta el supuesto de legítima defensa, y el ataque se habría desencadenado tras una discusión doméstica.
Los fiscales también señalaron que la acusada había manifestado su intención de matar a su pareja en mensajes enviados a una prima la noche anterior. A esto sumaron conductas posteriores al hecho, como haber puesto su ropa en remojo, limpiado rastros y la desaparición tanto del arma homicida como de los celulares de la imputada y de la víctima. En este marco, pidieron la pena de prisión perpetua, costas procesales y accesorias legales, y remarcaron como atenuante la falta de antecedentes de la acusada, pero como agravante sus acciones posteriores tendientes a entorpecer la investigación.
La querella adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que Brizuela, junto con personas de su entorno familiar, intentó modificar la escena del crimen y destacó que la reconstrucción del hecho no coincidió con los informes técnicos sobre la mecánica del homicidio. También descartó la legítima defensa y afirmó que la prueba reunida acredita el homicidio.
Por su parte, la defensa de Brizuela planteó que existió legítima defensa. Alegó que un informe médico comprobó compresión digital sobre el cuello de la imputada, lo que habría puesto en riesgo su vida y la obligó a defenderse. Según este argumento, se cumplen los requisitos del artículo 34 inciso 6 del Código Penal en cuanto a la legítima defensa.
La defensa agregó que, de acuerdo a estudios de laboratorio, la víctima había consumido cocaína y otras sustancias que podían alterar su conducta, generando episodios de extrema agresividad. Además, expuso un contexto de violencia ejercido por Chávez contra su defendida y pidió incorporar como prueba un informe médico de septiembre de 2020 que registró una grave agresión de la víctima hacia Brizuela. Con estos elementos, solicitó el sobreseimiento.
La jueza interina Natalia Pereyra Cardini rechazó el pedido de sobreseimiento y resolvió la elevación de la causa a juicio oral. Consideró que no se configuraba legítima defensa de acuerdo con las previsiones del Código Penal. También ordenó que Brizuela continúe cumpliendo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, al entender que persisten los riesgos procesales y que hubo conductas de la imputada durante la investigación que podrían haber obstaculizado el avance de la causa.
En cuanto a las pruebas, las partes solicitaron incorporar nuevos elementos de cara al debate oral. La querella pidió sumar un informe sobre sanciones disciplinarias de la acusada en el Servicio Penitenciario. La defensa, por su parte, requirió agregar dos testimonios, entre ellos el de la actual psicóloga de Brizuela, además del informe médico de 2020 mencionado previamente.
En la audiencia intervinieron como fiscales Leandro Estrada y Mariana Olguín; por la querella, el abogado Javier Darnay; y en la defensa, Gustavo Reviglio. Como secretario subrogante actuó Fabián Aguilar.
Fuente: Prensa Poder Judicial
