Este jueves finalizó la audiencia de control de acusación en la causa que investiga a Marina Silva, la policía imputada por el homicidio de sus dos hijos, y la fiscal Antonella Córdoba confirmó que el caso ya fue elevado a juicio oral.

“Acaba de terminar una audiencia de aproximadamente una hora, logramos el requerimiento de apertura a juicio. Ahora la causa se eleva a debate oral, donde allá deberán fijar la fecha de juicio”, indicó Córdoba, quien agregó que la audiencia fue extensa porque “el relato de los hechos fue largo, hubo mucho testimonio para aportar, y prueba documental y efectos”.

Consultada sobre los motivos que habrían llevado a Silva a matar a sus hijos, la fiscal respondió: “La investigación está finalizada, objetivamente tenemos dos niños muertos, el por qué no lo sabemos. Todavía no hubo pruebas digamos. Con una pericia psicológica lo hubiéramos podido determinar, pero la defensa se opuso a la pericia psicológica que quisimos hacer. Sí realizaron una pericia psicológica de parte a la que no tuvimos acceso”.

Respecto de la mecánica del hecho, Córdoba sostuvo que “de acuerdo a la teoría del caso de la fiscalía, sí. Ella lo premeditó”. Y adelantó que los principales testigos serán “la familia, personal policial, quienes fueron testigos que incorporan actas, médicos”.

Por su parte, el abogado querellante Esteban Bustos consideró que “los tiempos procesales que se vienen manejando son correctos”. “Dentro del curso de la investigación penal preparatoria solicitamos diferentes elementos probatorios, elementos científicos, como, por ejemplo, el peritaje de los teléfonos, y son tiempos que los establece la justicia”, remarcó.

El querellante añadió que la familia “está muy conforme con el avance de la investigación, también así con el trabajo gigantesco que a cabo viene llevando el Ministerio Público Fiscal”. Y cerró recordando que “de ahora en más quedaría únicamente que se fije la fecha de juicio oral y público para que comience a ser juzgada la imputada, que, dato no menor, se encuentra cumpliendo estricta prisión preventiva en el servicio penitenciario provincial”.