La Fiscal de Instrucción N° 6 de la Primera Circunscripción, Linda Maluf, formalizó este jueves la investigación penal preparatoria contra cinco ex funcionarios provinciales por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos. En el desarrollo de su teoría del caso, la Fiscalía calificó los hechos como parte de un “modus operandi” reiterado: celebración de contratos, liberación de fondos millonarios y posterior rescisión sin rendiciones ni ejecución de tareas.
Por estas presuntas maniobras, el Ministerio Público Fiscal imputó a Luciano Anastasi y Claudio Latini, ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
En tanto, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, junto a los ex intendentes Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas), fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
Según la imputación, mientras ejercía como ministro de Seguridad, Anastasi suscribió convenios con intendentes locales que preveían millonarias refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y establecían anticipos de hasta el 40% del monto total. Sin embargo, la fiscal sostuvo que se realizaron desembolsos que superaron ampliamente lo pactado, sin que existiera inicio, avance ni finalización de las obras comprometidas.
Posteriormente, bajo la gestión de Latini como ministro, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” y bajo el argumento de la inestabilidad económica y crisis inflacionaria, pese a que ya se habían efectuado las transferencias millonarias. Informes técnicos y constataciones judiciales de 2023 y 2024 confirmaron presuntamente que los trabajos nunca se realizaron y que los sitios permanecían en estado de abandono.
Maluf, en compañía de la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, solicitó a la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, como medidas de coerción la firma del libro en Fiscalía, del 1 al 10 de cada mes, la prohibición de salir de la provincia y la inhibición de bienes. La fiscalía de Estado, representada por Santiago Calderón Salomón y Juan Trusendi, adhirió a lo formulado por las fiscales.
La resolución de la jueza
La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos presentados por el Ministerio Público Fiscal contra los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini; el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí; y los ex intendentes Mario Canali (Cortaderas) y Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro), por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como medidas de coerción, dispuso que todos los imputados —excepto Alí, por su carácter de diputado nacional— deban:
- Firmar el libro en Fiscalía del 1 al 10 de cada mes durante 120 días.
- No salir de la provincia por cuatro meses.
- Además, ordenó para todos la inhibición general de bienes y la prohibición de contratar con el Estado por el mismo plazo, al considerar que se trata de un delito penal económico con el Estado provincial como principal damnificado. Las medidas son por 120 días.
La magistrada aclaró que la calificación legal es provisoria y que, en esta etapa, solo se valoran evidencias que podrán convertirse en pruebas en un eventual juicio oral.
“Es una persecución política”
El ex ministro de Seguridad, Anastasi, cuestionó la causa en su contra y la calificó como una persecución política impulsada por el actual gobernador. Señaló que se trata de una investigación “sin fundamentos reales” y que su imputación responde únicamente a haber firmado contratos de obra pública en el marco de un plan para refaccionar comisarías en más de 50 localidades.
Anastasi sostuvo que los contratos y transferencias realizadas fueron legales y autorizadas por decreto, y que luego de cumplir con esas funciones se retiró del cargo. “Ni siquiera hay excusa para que yo esté acá. Solo buscan poner a ex funcionarios en el banquillo y sacar una foto”, afirmó.
En cuanto a las medidas cautelares, rechazó la inhibición general de bienes, argumentando que afecta de manera desproporcionada su actividad como empresario y la de sus empleados. También cuestionó la prohibición de salir de la provincia, ya que, según señaló, cumple con todas las citaciones judiciales y necesita viajar por motivos familiares.
Su defensa, representada por la defensora en lo Penal, Stefanía Cifuentes, recordó que la denuncia data de 2023 y que, en todo este tiempo, la fiscalía no había avanzado porque “no existían elementos suficientes”. La defensora también representa a Canali.
“Las obras fueron realizadas”
Por su parte, Ernesto Alí rechazó las acusaciones en su contra y calificó la causa como un “escándalo político”. Sostuvo que las obras cuestionadas fueron realizadas, con trabajadores locales y documentación respaldatoria de contratos y transferencias.
Alí aseguró que no existe delito alguno, ya que la rescisión y prórroga de contratos es una práctica habitual en la administración pública, y anunció que propondrá como testigo al gobernador Claudio Poggi, para que explique la legalidad de este tipo de procedimientos. “El objetivo es perseguir y acallar voces opositoras, pero no me van a callar ni me van a infundir miedo”, afirmó el legislador, quien además cuestionó la medida de inhibición general de bienes en su contra, considerándola desproporcionada.
Su abogado defensor, Nedo Gómez, cuestionó la imputación contra Ernesto Alí y afirmó que la imputación es “carente de sustento”. Además, señaló que el ex intendente actuó dentro de sus facultades legales, conforme a la normativa provincial y municipal; y planteó que la rescisión de los contratos se debió a la crisis económica del país y no a hechos ilícitos.
“No hay un modus operandi”
El abogado Cristóbal Ibáñez, defensor de Claudio Latini, sostuvo que en la causa no se configuran los elementos necesarios para hablar de fraude contra la administración pública. Señaló que para ese delito deben existir ardid, engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial, y que en este caso “faltan todos y no hubo un modus operandi como dice la Fiscal”.
Cuestionó además que la fiscalía haya elegido a quién imputar y a quién no, mencionando al funcionario Aponte, quien certificó avances de obra y fue denunciado en su momento, pero no está alcanzado por los cargos. Para Ibáñez, se trata de una cuestión administrativa y de obra pública, en la que las rescisiones de contratos obedecieron a la crisis económica y no a maniobras fraudulentas.
“No existió disposición irregular de fondos públicos ni enriquecimiento personal”
La defensora Estrella Marín, defensora de Vivas, sostuvo que en la causa no existió disposición irregular de fondos públicos ni enriquecimiento personal de los imputados. Afirmó que los contratos fueron celebrados válidamente, dentro de las facultades legales, con supervisión provincial y transparencia administrativa.
Destacó que la investigación fiscal confunde cuestiones contractuales y administrativas con supuestos delitos, cuando no hay pruebas de dolo ni perjuicio económico. Para Marín, se trata de un caso que “no debería estar en el fuero penal”.
Fuente: Prensa Poder Judicial
