La semana pasada, el Sijupu, ante la posibilidad de que trataran en el Senado el presupuesto 2026 fue a manifestarse a la Legislatura. Al llegar allí, se encontraron con la reja del frente cerrada y la Policía negándose a abrirla, poniendo como excusa que las gradas del Senado estaban llenas, algo que esto medio, cuando pudo ingresar, comprobó y luego publicó que era mentira.
Por ende, este martes el poggismo recurrió a otra jugada del manual de los Rodríguez Saá (y de la política en general): llenar las gradas con asesores y militantes de sus legisladores; lo cual fue complementado con el típico cierre de las rejas del frente, dificultando el acceso a los medios de prensa.
Mientras que la semana pasada la Policía cedió y me permitió entrar por la puerta del frente, este martes, tras una larga espera, me hicieron ingresar por la playa de estacionamiento, que queda a la vuelta. Allí, una oficial de Policía me tomó los datos, mientras que otro me acompañó hasta la mesa de entrada para que, nuevamente, me tomen nuestros datos.
Al llegar al recinto, con una demora de más de media hora debido a todas estas vueltas, me encontré con que la sesión acaba de finalizar y con decenas de personas que jamás asisten a presenciar una sesión del Senado retirándose, charlando con los asesores de los legisladores del oficialismo. Con el material que me compartieron algunos colegas pude comprobar que la sesión duró poco más de 30 minutos, la misma cantidad de tiempo que perdí tratando de llegar al recinto del Senado.
Y, si bien la semana pasada los judiciales pudieron ingresar a ver la sesión, este martes se tuvieron que quedar en la vereda. “Hoy los y las judiciales nos hicimos presente nuevamente, una sesión que debería ser pública, nuevamente nos encontramos con esta imagen, no dejaron ingresar absolutamente a nadie con la excusa de que las gradas estaban llenas. Es lamentable porque están tratando un presupuesto general de la provincia que tiene unos ajustes encubiertos, pero no solo para la Justicia, sino también para la salud y para la educación”, comentó Facundo Coria, secretario general del Sijupu, en diálogo con este medio en la vereda de la Legislatura.
“Puntualmente a lo que nos corresponde a los judiciales, el presupuesto solamente contempla un aumento de 2.300.000 para todo el año que viene, sin contemplar la inflación, sin contemplar los escasos aumentos del gobierno y sin contemplar el dignificar los derechos y sostener los derechos que tenemos los y las judiciales en los tribunales”, continuó Coria, quien además desmintió que la Justicia vaya a recibir un aumento del 23% en 2026, como tantas veces han asegurado desde el oficialismo.
“La verdad es que ese 23% que ellos le imputan a la justicia son de gastos de dinero que no administra el Poder Judicial y que corresponden a otros sectores, por ejemplo los servicios penitenciarios, que no lo administra el Poder Judicial. Obviamente con este ajuste económico que le están haciendo al Poder Judicial y esta asfixia que le hacen, es imposible mejorar el servicio de justicia”, sostuvo el secretario del Sijupu.
Para finalizar, Coria contó que el próximo paso será reclamarle al Superior Tribunal de Justicia “que tome las medidas legales correspondientes” y que, “más allá de la decisión de ellos”, el Sijupu convocará a asamblea e iniciará su plan de lucha.
