Este miércoles, el secretario de Política Habitacional, Hugo Rossi, asistió a la Cámara de Diputados y participó de la reunión de las comisiones de Vivienda y Finanzas, donde respondió preguntas sobre los planes habitacionales de la provincia. Al finalizar la reunión, habló con los medios presentes, incluida La Gaceta Digital, sobre algunas de las polémicas que ha despertado el plan Tenemos Futuro.
En concreto, LGD consultó al secretario si hubo algún tipo de modificación debido al rechazo que generó el anuncio sobre el valor de las cuotas ($250.000) y cuándo se empiezan a pagar. Cabe recordar que el primer anunció fue que se empezaban a pagar luego de la validación de datos, sin decir cuánto tiempo antes de la entrega de viviendas será esta etapa. “El momento es después del sorteo, después de la visita socioambiental y la verificación de todos los datos de quiénes hayan sido sorteados. Prácticamente, en el momento de la preadjudicación. Esto va a ser en un período de 6 a 4 meses antes de la entrega de la llave de la vivienda. Ahí es donde se va a empezar a pagar las cuotas de la vivienda. Reitero, 4 a 6 meses antes de la entrega de la llave”, dijo Rossi, dando una explicación similar a la que el Gobernador dio hace unos días.
En cuanto al monto y el hecho de que muchos tendrán que pagarlo en simultáneo a un alquiler, el funcionario sostuvo: “Significa un esfuerzo, el esfuerzo que significa tener la casa propia. Vuelvo a reiterar, la gente tiene que valorar el esfuerzo que hace el estado para la construcción de su vivienda. Son mínimamente 75 millones de pesos lo que sale entre el costo de la construcción de la vivienda, más el terreno; sin contar la infraestructura con la que hay que dotar el barrio donde se van a construir las viviendas. Esto significa un esfuerzo importantísimo”.
Rossi también respondió preguntas, de diputados y de la prensa, sobre casos de personas que se inscribieron para viviendas, pero recibieron un mensaje diciendo que califican para el plan de autoconstrucción asistida, donde se les pregunta si tienen terreno propio o si pueden “conseguir”. Si una persona contesta que “no”, explicó Rossi, no se le da “la baja del sistema d inscripto de vivienda”, pero “quedará al final”.
“Por el momento, para este 2026, hay esta oferta, ¿no? La oferta de las viviendas, que va a tener un costo de la cuota de $250.000 viviendas. Por lo tanto, hay que justificar un ingreso que justifique el pago de estos 250.000 pesos, y para los sectores de ingresos más bajos, se les hace esta oferta de la autoconstrucción. Si en caso de que la persona no le interesa, bueno, quedará al final”, dijo Rossi, dejando en claro que no se trata de un plan “social” como los impulsados en otras gestiones.
Por ejemplo, no habrá prioridad para familias numerosas, ya que todo se definirá por sorteo, mientras que las familias con discapacitados no tendrán ninguna prioridad, más allá de un cupo del 10%. “El carácter social de la vivienda está definido. O sea, siempre hubo, y le hice recordar a la diputada (Silvia Sosa Araujo), que siempre hubo viviendas de una cierta tipología, que tenían una determinada cuota, y también hubo entrega de lotes o el plan lote Eva Perón 1, 2, 3, 4 y 5, y siempre se definió por el nivel de ingreso de los inscritos. O sea, había un sector de la población que podía pagar la cuota de un cierto tipo de vivienda y había otro sector de la población que calificaba para el plan lote o para los barrios de viviendas del plan Solidaridad. O viviendas con otro nivel de terminación, por eso también había una tipología de una vivienda de $500, que era una vivienda terminada, con los pisos y demás, y una vivienda de $350 pesos, que era una vivienda sin cerámico, con otro nivel de terminación”, argumentó Rossi, ante estas críticas.
Volviendo al plan de autoconstrucción, Rossi detalló que este modelo contempla la entrega de materiales por etapas, con supervisión técnica y un esquema de pagos más accesible, para la construcción de un “modulo habitacional” de 32 metros cuadrados, que incluyan “un dormitorio, un baño y una cocina comedor, con todas las terminaciones, accesorios, aberturas, sanitarios, cableado”.
Además, precisó que la entrega se realizará en cuatro etapas: “Certifica la primera etapa de construcción, se le entrega la segunda parte, certifica la segunda parte y la tercera, y así hasta la terminación de la obra”. El programa prevé cuotas de aproximadamente $60.000, actualizables, a pagar en 300 meses. Cada beneficiario contará con la asistencia de un maestro mayor de obra designado por el Estado, quien se encargará del seguimiento y certificación de los avances.
Consultado sobre la posibilidad de implementar otros formatos habitacionales, como edificios o complejos como los del plan Procrear, Rossi dijo que “por el momento no” se han evaluado estas opciones. Esto es más que curioso, ya que estos modelos, que se implementan en distintos países de Europa, permiten grandes ahorros a la hora de llevar servicios públicos a las nuevas viviendas, sumado a que se necesita mucho menos territorio, lo que, a su vez, reduce el impacto ambiental.
Justamente esto último, conseguir terrenos para las nuevas viviendas, poco a poco se está convirtiendo en un problema, por lo que se evalúan expropiaciones. “Por ejemplo, para San Francisco no conseguimos terreno, no hay terrenos disponibles ni de la provincia ni del Estado municipal, entonces vamos a tener que recurrir a la expropiación del terreno”, señaló.
En otro tramo de la entrevista, Rossi se refirió al acuerdo firmado con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por las viviendas del plan Casa Propia. Este plan fue implementado por la presidencia de Alberto Fernández e instrumentado en San Luis por la gobernación de Alberto Rodríguez Saá. Cuando el presidente Javier Milei decidió paralizar estas obras, la gestión de Poggi acordó con Nación finalizar las viviendas por su cuenta, asignarlas al programa Progreso y Sueños y luego cobrarle la obra. Sin embargo, hasta el día de hoy, Nación nunca pagó ni un peso, aunque finalmente se comprometió a hacerlo.
Dentro de este contexto, LGD consultó a Rossi cuántas viviendas en construcción dejaron las gestiones anteriores, pero la respuesta fue que no tenía “las cuentas exactas”. “De las 400 viviendas, por ejemplo, que había en Villa Mercedes, habrá habido unas 100 casas que eran de Casa Propia, que estaban a nivel de platea, o sea, estaban los cimientos. En Justo Daract estaba la infraestructura del servicio, digamos, la calle, la infraestructura eléctrica, el agua y las cloacas, pero no había absolutamente nada”, dijo Rossi.
Tras varias repreguntas, y consultado concretamente por la cantidad de viviendas comprendidas en este nuevo convenio con Nación, el secretario siguió sin poder, o querer, dar números claros. “No, no tengo la cuenta precisa en este momento, no. Pero yo estimo que eran algo así como 300 viviendas, pero te puedo estar diciendo un bolazo, porque en este momento no lo tengo presente”, comentó.
Para finalizar, Rossi también comentó que existen 10 municipios que ya firmaron convenios con la provincia y tienen los terrenos asignados para construir viviendas del plan Tenemos Futuro. Entre ellos mencionó a Concarán, La Toma, Saladillo, San Martín y Justo Daract, donde las obras se encuentran en proceso de licitación. Finalmente, destacó que el objetivo del gobierno es evitar que se interrumpa la cadena de construcción de viviendas, por el impacto laboral y económico que genera en cada localidad. “Cada vivienda genera entre tres o cuatro puestos de trabajo directos, más los indirectos. Cuando el municipio hace la obra, compra los materiales en su propia localidad. Esto genera todo un círculo virtuoso de actividad económica”, concluyó.
