La jueza subrogante del Juzgado de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Luciana Banó, resolvió otorgar el beneficio de suspensión de juicio a prueba –probation– por el plazo de dos años a Sandra Mariela Reus, imputada por los delitos de “usurpación de título, falsificación de documento público y estafa”.
La probation es un beneficio que permite suspender el juicio a cambio de que la persona imputada cumpla ciertas condiciones y repare el daño causado, evitando así la condena si respeta esas reglas.
La audiencia se realizó este lunes y estuvieron presentes la fiscal de Instrucción Nº 5, Débora Roy Gitto, el abogado defensor Hugo Tobares y la imputada.
El pedido fue formulado por la defensa y contó con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal, quien, en el requerimiento de elevación a juicio, había solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión.
Los hechos
En marzo de 2021, un hombre buscaba una maestra de apoyo escolar para su hijo de cuatro años, diagnosticado con “Trastorno Hipercinético (TEA)”.
Fue contactado por Sandra Mariela Reus, quien se presentó como profesora de enseñanza diferenciada egresada de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y comenzó a trabajar con el niño en un instituto privado de educación inicial de la ciudad de San Luis.
Un mes después, una representante de la Asociación Sanluiseña de Profesores en Educación Especial (ASPEE) le informó al hombre que Reus no poseía título universitario.
Al ser consultada, la imputada envió documentación digital que aparentaba ser oficial, entre la cual figuraba una firma atribuida a una ex autoridad universitaria que ya no ocupaba ese cargo. La funcionaria posteriormente denunció la falsificación de su firma, lo que confirmó que el documento era apócrifo.
La Fiscalía considera acreditado que Reus creó un documento falso con apariencia auténtica para engañar a terceros, atribuyéndose un título que no tenía y obteniendo un beneficio económico.
Propuesta de la defensa
La defensa propuso como forma de reparación el pago de una suma de $400 mil y la realización de 20 horas semanales de tareas comunitarias por el término de dos años en la Parroquia San Roque, de la ciudad de San Luis.
La fiscalía informó que las personas damnificadas fueron debidamente notificadas y no presentó objeciones a la solicitud.
Tras escuchar a las partes, el Tribunal resolvió conceder la suspensión del proceso penal por dos años, bajo condiciones de cumplimiento obligatorio.
Esas pautas son fijar domicilio y no modificarlo sin autorización judicial, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del consumo de alcohol, cumplir con el pago de la reparación económica, realizar tareas comunitarias de veinte horas semanales en la Parroquia San Roque bajo supervisión del sacerdote a cargo y no salir del país sin autorización judicial durante el período de prueba.
El Juzgado de Ejecución Penal será el encargado de controlar el cumplimiento de las reglas impuestas, con la supervisión del Instituto Provincial de Reinserción Social.
En caso de incumplimiento
La jueza advirtió a la imputada que si incumple injustificadamente cualquiera de las reglas de conducta impuestas, el beneficio será revocado.
En ese caso, se reanudará el proceso penal suspendido y podrá dictarse una condena efectiva por los delitos imputados, según lo previsto en el Código Penal.
Fuente: Prensa Poder Judicial
