Trabajadores de distintas instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad, junto a algunos de sus pacientes, se manifestaron este miércoles por la mañana en plaza Pringles, en el marco de un cese de actividades por 48 horas. La medida busca reclamar al Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“No hay avances, nada. ¿Dónde está lo que nos prometieron? Y acá estamos, de nuevo, marchando por los derechos de los chicos y de nosotros también”, expresó una docente de educación especial del Centro Educativo Terapéutico Ailén.
La profesional explicó que hay una importante falta de pago en las prestaciones y un retraso que ya alcanza los seis meses. Además, señaló que los montos permanecen congelados desde noviembre de 2023, lo que obligó a las instituciones a realizar recortes de gastos.
En el caso del Centro Ailén, al que asisten 150 chicos y trabajan unas 40 personas, los ajustes afectaron cuestiones básicas como alimentos, artículos de higiene y materiales para los terapeutas. “Es muy triste, porque tuvimos que recortar para que los chicos puedan seguir asistiendo a la institución”, lamentó la docente.
Por ahora, los trabajadores del centro continúan cobrando sus salarios en tiempo y forma, aunque reina la incertidumbre respecto del futuro. “Ya estamos casi en noviembre y no sabemos si vamos a seguir cobrando”, advirtió la trabajadora.
