El Concejo Deliberante de Juana Koslay aprobó este jueves la creación de la Tasa por Servicio de Seguridad Urbana Preventiva, una nueva contribución municipal destinada a financiar el sistema local de videovigilancia, patrullaje y guardia urbana. La medida generó un inmediato rechazo entre numerosos vecinos, que presentaron una nota colectiva en la que calificaron la iniciativa como “improcedente e injusta”.
La ordenanza establece que los propietarios de inmuebles y los responsables de actividades comerciales o industriales dentro del ejido municipal deberán abonar mensualmente 44,6 Unidades de Valor Municipal (UVM), equivalentes hoy a $20.001,76, considerando que el valor vigente de la UVM es de $448,47.
Según el texto aprobado, el tributo financiará la operación del Centro de Monitoreo Municipal, los sistemas de videovigilancia, los patrullajes preventivos a cargo de la Guardia Urbana y las alarmas comunitarias, entre otros servicios. El dinero recaudado tendrá afectación específica y deberá destinarse exclusivamente a esos fines.
Además, la normativa prevé que el monto de la tasa se actualice trimestralmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor San Luis (IPC San Luis), aunque el Ejecutivo podrá suspender las subas si los ingresos resultan suficientes. Quedarán exentos del pago las instituciones educativas públicas, entidades sin fines de lucro, clubes barriales y cuerpos de bomberos voluntarios.
El descargo de los vecinos
La aprobación provocó malestar en distintos barrios de Juana Koslay, donde este mismo jueves ingresó una nota colectiva firmada por vecinos autoconvocados que reclaman la revisión y suspensión de la tasa.
En el escrito, los firmantes argumentan que “no se observan cámaras de seguridad, patrullajes regulares ni presencia efectiva de la Guardia Urbana Municipal”, y sostienen que “no existe prestación concreta ni comprobable del servicio que se pretende financiar”.
También cuestionan la falta de estudios técnicos y económicos previos. “La ordenanza en cuestión carece de una fundamentación técnica y económica adecuada: son apenas dos páginas sin análisis previo de costos, estudio de impacto presupuestario ni evaluación de la sostenibilidad del servicio”, afirman.
Los vecinos remarcan además que la seguridad pública es una competencia primaria de la Provincia, y que el municipio solo puede tener un rol complementario. “No le corresponde crear un tributo propio que traslade a los vecinos una responsabilidad que no es municipal”, subrayan.
Finalmente, advierten que el municipio está adherido al Decreto Provincial 150/2023, que declara la emergencia económica, lo que —según señalan— podría permitir que los fondos recaudados se destinen a otros fines.
Los firmantes exigen que se garantice la prestación efectiva del servicio, la publicación del estudio de costos y la coordinación institucional con el Ministerio de Seguridad provincial antes de aplicar la nueva tasa.
Conferencia del intendente
Fuentes municipales confirmaron que el intendente Jorge “Toti” Videla brindará en las próximas horas una conferencia de prensa para explicar los alcances de la medida y responder a las críticas que surgieron tras la aprobación de la ordenanza.
