Este lunes, en una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Luciana Banó, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5 —representada por la fiscal Débora Roy Gitto— solicitó la elevación a juicio de una causa en la que está imputado el médico cirujano Samir Nofal, acusado del delito de lesiones culposas agravadas por mala praxis en perjuicio de una mujer que era su paciente.
Según detalló la fiscal, la investigación estuvo inicialmente a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 3, que formalizó la acusación tras una denuncia presentada luego de una cirugía estética de implante mamario realizada el 1 de diciembre de 2020. Tras esa intervención, la paciente sufrió graves complicaciones de salud que, de acuerdo con la acusación, habrían sido consecuencia de una impericia profesional.
El Ministerio Público Fiscal requirió una pena de dos años de prisión y tres años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. Si bien el imputado no registra antecedentes penales, la fiscal consideró como agravante la magnitud del daño físico y psicológico ocasionado a la víctima.
Informe pericial y pruebas
Durante su exposición, Gitto resaltó la importancia del informe elaborado por la médica forense del Poder Judicial, considerado una de las principales pruebas de la acusación. Según esa pericia, la paciente presentaba lesiones compatibles con una infección grave posterior a la cirugía, entre ellas la pérdida de la glándula mamaria derecha, del pezón y del volumen del seno afectado, además de la imposibilidad de amamantar.
El estudio forense también determinó que, como consecuencia de un proceso infeccioso vinculado al rechazo de la prótesis, se produjo necrosis del tejido, lo que derivó en la extracción del implante y en la pérdida definitiva de la glándula mamaria. Estas secuelas fueron calificadas como daños irreversibles, con consecuencias físicas y psicológicas permanentes.
La fiscal ofreció además los testimonios de las médicas que intervinieron tras la operación —una cirujana y una infectóloga—, quienes podrán aportar información sobre el estado posoperatorio, las medidas adoptadas y las prácticas que podrían haberse evitado. Entre las demás evidencias figuran comprobantes de pago, presupuestos quirúrgicos, estudios prequirúrgicos, intercambios de mensajes entre paciente y médico, certificados médicos y fotografías de las lesiones.
Postura de la defensa
El abogado defensor, Juan Manuel Mercau, solicitó el sobreseimiento de su representado al considerar que la conducta atribuida no configura un delito penal y que el conflicto debería resolverse por la vía civil. Argumentó que las complicaciones derivaron de un rechazo biológico del implante y no de una acción negligente del profesional. También sostuvo que la paciente no habría cumplido con las indicaciones médicas del posoperatorio, como mantener una alimentación adecuada y respetar el tiempo de reposo.
De manera subsidiaria, la defensa propuso alternativas de resolución del conflicto: una reparación integral mediante el pago de siete cuotas de dos millones de pesos y una suspensión de juicio a prueba que contemple la entrega de dos cuotas adicionales, un año de tareas comunitarias y un año de inhabilitación profesional. Además, solicitó la conformación de una junta médica para evaluar el caso.
Oposición de la Fiscalía y la querella
La fiscal Gitto pidió rechazar tanto el sobreseimiento como las salidas alternativas planteadas. Explicó que la víctima fue consultada y manifestó su negativa a aceptar una reparación económica por considerarla insuficiente frente al costo de las cirugías reconstructivas que debe afrontar. En cuanto a la junta médica, no se opuso a su realización, aunque señaló que el pedido resultaba extemporáneo.
Por su parte, el abogado querellante, Carlos Pereyra Malatini, también se opuso al sobreseimiento y a las salidas alternativas, al considerar que la prueba reunida es suficiente para avanzar hacia el juicio. Describió que el tratamiento posoperatorio habría sido realizado sin las condiciones adecuadas, al punto de haberse retirado el implante en un consultorio sin anestesia ni las condiciones de higiene necesarias, y remarcó que la paciente continúa en proceso de reconstrucción corporal.
Resolución judicial
Tras un cuarto intermedio, la jueza Luciana Banó resolvió que, antes de disponer la elevación a juicio o definir una posible salida alternativa, deberán incorporarse nuevas medidas de prueba. Ordenó la realización de una junta médica, una evaluación psicológica y psiquiátrica, y la solicitud de informes a la Municipalidad de San Luis y al Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de determinar si el lugar donde se efectuó la extracción del implante contaba con las habilitaciones necesarias para ese tipo de práctica médica.
