Este sábado, en una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero, la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2 —representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García— formuló cargos contra un hombre por los presuntos delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales. Las víctimas serían su hija y la hermana de su pareja, ambas menores de edad.
Investigación iniciada en el Servicio Penitenciario Provincial
Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó tras una denuncia presentada por el subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano. El 22 de octubre, personal penitenciario halló dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario Nº 1.
Los dispositivos fueron remitidos a la Unidad de Abordaje Fiscal ante la sospecha de una posible vulneración del sistema informático del Servicio Penitenciario. Tras el análisis realizado por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, se detectó que contenían material de abuso sexual infantil de producción local, grabado con una cámara oculta en una vivienda. En los registros audiovisuales se identificaron nombres y se observó a un hombre cometiendo actos de abuso sexual contra dos niñas, lo que permitió establecer su identidad y disponer su inmediata detención.
El acusado se desempeña como agente penitenciario, motivo por el cual los dispositivos fueron hallados en ese establecimiento.
Pedido de prisión preventiva
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diversas pruebas que sustentan la imputación provisoria y destacó la gravedad y particularidad del caso, al tratarse de material de producción local y con víctimas identificadas.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que cuentan con prueba directa de una agresión sexual. En función de ello, solicitaron la prisión preventiva del acusado por 120 días, argumentando la gravedad de los hechos, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro concreto para las víctimas.
También advirtieron que, en caso de permanecer en libertad, el imputado podría manipular o eliminar evidencia digital de forma remota, dado que los delitos se habrían cometido mediante sistemas informáticos y entornos virtuales. Por ese motivo, consideraron ineficaces medidas menos restrictivas, como la prisión domiciliaria o el monitoreo electrónico.
Intervención de la Defensoría de Niñez
La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y solicitó a los medios de prensa preservar la identidad tanto del acusado como de las víctimas, con el fin de resguardar la integridad de las niñas involucradas y evitar su revictimización.
Por su parte, el defensor del imputado, Héctor Zabala Agüero, manifestó que los hechos relatados por la Fiscalía serán materia de análisis a lo largo del proceso y pidió que su asistido cumpla la medida de coerción bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Sostuvo que no se encuentran acreditados riesgos procesales que justifiquen su detención en el Servicio Penitenciario.
Resolución judicial
Al resolver, la jueza Natalia Lazarte Otero tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, al considerar que la imputación se encuentra debidamente sustentada conforme al Código Procesal Penal.
Respecto de la medida de coerción, dispuso la prisión preventiva del acusado por 120 días, por entender que constituye la única medida eficaz para neutralizar los riesgos procesales y asegurar el avance de la investigación.
La magistrada valoró la gravedad de los hechos, la solidez de la imputación y la naturaleza digital de las pruebas, que podrían ser alteradas o difundidas desde cualquier dispositivo con acceso remoto. Además, destacó la doble situación de vulnerabilidad de las víctimas, por su edad y por el vínculo familiar con el acusado, y remarcó la necesidad de proteger su integridad y bienestar. Finalmente, ordenó que el imputado sea alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.
Fuente: Prensa Poder Judicial
