En un debate que duró menos de diez minutos, el Senado provincial aprobó este martes por mayoría oficialista el proyecto de ley que reduce la feria judicial a 22 días, con dos semanas en enero y una en julio o cuando lo disponga el Superior Tribunal de Justicia. La iniciativa, que había sido anunciada recién el viernes pasado, obtuvo media sanción con el voto de los cinco senadores oficialistas frente a dos opositores.


El presidente de la bancada oficialista, Martín Olivero, defendió la propuesta al sostener que busca “garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de justicia” y que “la persistencia de la feria judicial se muestra anacrónica en el contexto actual”. Según el legislador, la reducción del receso “no implica cercenar los períodos de descanso de los agentes judiciales, sino reorganizar el sistema para garantizar la continuidad del servicio sin comprometer el derecho al descanso y la calidad de vida de quienes trabajan en el ámbito judicial”.

Durante su intervención, Olivero también sostuvo que la feria judicial es “un resabio de un sistema judicial antiguo que no se ajusta a la demanda de la sociedad moderna”. En ese sentido, afirmó que “es necesario conciliar el derecho al merecido descanso de magistrados y empleados con el derecho de los ciudadanos a obtener respuestas a sus problemas”. Para el legislador, la reforma apunta a “mantener la integridad y la eficiencia del sistema de justicia” y a “fortalecer el Estado de derecho en la provincia”.

Olivero agregó que la medida “es una herramienta más en la lucha contra la mora del Poder Judicial”, aunque aclaró que “por sí sola no es una solución mágica”. “Con todas las sanciones en las leyes que estamos dando al Poder Judicial creo que vamos a contribuir notablemente en el mejoramiento de la calidad del servicio de justicia de la provincia”, señaló.

Desde la oposición, el senador Hugo Olguín cuestionó el proyecto por considerarlo “una medida superficial que no aborda la raíz del verdadero problema que enfrenta el Poder Judicial”. “La feria judicial no es un privilegio, sino un derecho laboral y profesional que asegura el descanso anual de abogados, magistrados, funcionarios y empleados judiciales”, remarcó.

Olguín advirtió además que el recorte “no acelera los procesos judiciales, pero sí afectará el bienestar de quienes sostienen el funcionamiento del sistema” y criticó que la iniciativa se haya tratado “sin la participación activa de los colegios profesionales, las universidades y los propios operadores del sistema”.

El también oficialista Adolfo Castro Luna manifestó que el Senado escuchó a “magistrados, colegios y abogados independientes” antes de dictaminar sobre la propuesta. “Creo que este despacho, si bien no es una solución mágica, es un paso hacia adelante para mejorar la situación en cuanto a la mora del Poder Judicial”, expresó.

Tras la sesión, Olivero dialogó con los medios y explicó que el proyecto comenzará a regir en 2027, “para que el Poder Judicial tenga todo el año que viene para coordinar y organizar la reducción de la feria”. Recordó que “el primer y original proyecto era la eliminación de la feria judicial”, pero que, tras las reuniones con el Colegio de Abogados, el Colegio Forense y el Colegio de Magistrados, se decidió “llegar a un término medio”.

Consultado por La Gaceta Digital sobre el tratamiento acelerado del texto, Olivero respondió: “Hace mucho que lo estamos viendo. En comisión hace más de un año que está este proyecto”. Ante la repregunta sobre la rapidez con que se impulsó la nueva versión, indicó que “los colegios plantearon sus cuestionamientos y por eso se modificó el proyecto original”.

Finalmente, el senador aseguró que la ley “no afectará la licencia anual de los trabajadores judiciales”.