Este miércoles, el oficialismo provincial se quedó sin quórum en la Cámara de Diputados mientras debatía la Ley de Activos Digitales, la cual busca protocolizar y garantizar el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales gubernamentales en los tres poderes del Estado, como cuentas en redes sociales y direcciones de email, tanto en sus estructuras centralizadas como descentralizadas.
Sin embargo, la sesión estuvo marcada por la presencia de decenas de abogados, desde autoridades del Colegio de Abogados a integrantes de la lista opositora que compitió en los comicios de esta institución; quienes fueron a manifestar su oposición al proyecto de reducción de la feria judicial, el cual, con un tratamiento exprés, ayer obtuvo media sanción en el Senado. Si bien el proyecto no estaba en el orden del día, los profesionales del derecho temían que fuera tratado sobre tablas, por lo que se mantuvieron firmes en las gradas del segundo piso las casi tres horas que duró la sesión. Para conocer el planteo de los letrados, no te pierdas el video al final de esta nota.
Volviendo a los activos digitales, que ya tiene media sanción del Senado, desde el poggismo lo que se hizo fue plantear la necesidad de esta ley en un “estado moderno”, con un fuerte énfasis en conservar la institucionalidad. “Hasta ahora no existía un marco normativo claro que regulara el uso, la administración, la protección y el traspaso de esos activos digitales. Esta ausencia nos dejó expuestos a situaciones de vulnerabilidad, de pérdida de información y hasta de apropiaciones indebidas”, dijo Luciana Perano, señalando el caso del Archivo Histórico, el cual estaba alojada en servidores privados y se perdió en el traspaso de gestiones. “Son patrimonio del Estado, son bienes públicos intangibles que deben trascender las gestiones”, remarcó Perano.
Por el lado de la oposición, Fernanda Spinuzza, quien ha presentado múltiples iniciativas en materia de seguridad y ludopatía digital, fue la principal oradora. Su planteo se centró en el artículo 8 del proyecto, el cual habla de la autoridad de aplicación de estos activos digitales. Originalmente, el proyecto del oficialismo planteaba la creación de una sola autoridad de aplicación, que obviamente iba a operar dentro del Poder Ejecutivo, y que iba a controlar los activos de los otros dos poderes. Tras múltiples quejas de la oposición, esto se cambió. Cada Poder tendrá su autoridad de aplicación, pero, si se generan “controversias”, la palabra final la tendrá el Ejecutivo.
En base a esto, Spinuzza aclaró que su bloque no cuestiona la necesidad de proteger los activos digitales del Estado, pero advirtió que el proyecto impulsado por el oficialismo “no es una norma técnica ni un simple intento de modernización digital”. Según señaló, “bajo una apariencia administrativa, busca concentrar el control del discurso público y limitar la autonomía de los poderes del Estado”. Para la legisladora, al otorgarle al Poder Ejecutivo la facultad de gestionar los activos digitales de los otros poderes, se “vulnera la independencia institucional” y se corre el riesgo de “instalar un mecanismo de subordinación política”.
Spinuzza alertó además que, bajo la excusa de organizar el uso institucional de redes y plataformas, la ley “arroga al Estado la potestad de autorizar cuentas, exigir claves, registrar responsables y controlar los contenidos que se difunden”. Esto —dijo— no solo afecta a los funcionarios, sino también a los ciudadanos que interactúan con las redes oficiales, exponiendo información sensible “que podría quedar bajo supervisión política o administrativa”. En ese sentido, cuestionó que la propia norma sea contradictoria, ya que “mientras impone restricciones al uso de nombres de usuario, el propio gobernador mantiene perfiles oficiales y personales bajo el nombre Gobernador Claudio Poggi”, lo que demostraría que la ley “no busca ordenar ni establecer buenas prácticas, sino crear un instrumento de control selectivo”.
Por último, la diputada subrayó que el bloque opositor presentó una propuesta alternativa “con una mirada institucional y garantista”, que incluye la creación de una Unidad Técnica Interinstitucional con representantes de los tres poderes, la elaboración de un inventario único de activos digitales y auditorías técnicas independientes. “Proteger los activos digitales del Estado no puede significar vulnerar la autonomía institucional, la soberanía provincial ni los derechos fundamentales de las personas”, sostuvo Spinuzza, al remarcar que “la verdadera modernización digital no se logra con censura, sino garantizando soberanía tecnológica, protección de datos y libertad de expresión”.
“Seamos claros, hablar de preocupación hoy es pura hipocresía, porque cuando se borraron cuentas, se ocultaron datos y se destruyó la memoria institucional no hubo ni una sola voz de ellos. Callaron entonces y hoy pretenden venir a dar lecciones. No tienen autoridad moral”, fue la contestación de la oficialista Miriam Serra, claramente llevando al terreno de lo político la discusión y dejando el planteo técnico de lado.
Lo dicho por Serra es cierto, pero también aplica al oficialismo. Ambos sectores políticos tienen emprendimientos privados, como medios de comunicación, que se han construido sobre activos digitales del Estado.
La sesión se terminó cuando, “atento al que bloque oficialista no tiene la más mínima intención de discutir las cuestiones de fondo de la ley”, Federico Berardo mocionó que el proyecto vuelva a comisión “para que sea discutido como corresponde” y se analicen los aportes de Spinuzza. Obviamente, el oficialismo votó en contra de la moción, por lo que, inmediatamente, la oposición se levantó y retiró del recinto, aprovechando algunas ausencias para dejar la sesión sin quórum.
Esto fue festejado por los abogados que presenciaban la sesión, generando una insólita respuesta por parte de legisladoras del poggismo, quienes les gritaron, mientras Alberto Leyes trataba de controlar la sesión, “acuérdense de cómo los trataban”.
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