Casi dos semanas después de que El Diario de la República diera a conocer una grave denuncia en contra de funcionarios del Gobierno por la desaparición de la cosecha de maíz de un campo expropiado por el Estado, el Gobierno finalmente rompió su ensordecedor silencio y apuntó contra Darío Oviedo, director de Ética y Legalidad de la Secretaría de Estado de Ética Pública, a quien ya se le pidió la renuncia.
La cosecha desaparecida
El caso gira en torno al campo El Caburé, un predio de unas 2.000 hectáreas ubicado en el departamento Pedernera que fue “expropiado” por el gobierno de San Luis en abril del año pasado. Desde entonces, los productores desplazados denunciaron irregularidades en la administración de la tierra y la desaparición de una cosecha de maíz supuestamente valuada en más de 2 millones de dólares, cuya producción y venta nunca fueron registradas oficialmente.
La expropiación fue encabezada por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien argumentó que el antiguo propietario había incumplido las normas del plan Pioneros Siglo XXI. Sin embargo, los productores que trabajaban el campo, Alejandro Ingaramo y Enrique Baira, sostienen que la documentación estaba en regla y calificaron la medida como un desalojo ilegal. Según las denuncias, el maíz fue retirado del lugar sin cartas de porte ni respaldo contable que acreditara su ingreso a las arcas provinciales.
El Diario de la República difundió un audio en el que un supuesto asesor, vinculado a funcionarios provinciales, sugiere formas de vender el cereal sin dejar registros oficiales, lo que reforzó las sospechas sobre maniobras irregulares. Uno de los abogados de los productores, Alejandro René Viano, calificó el hecho como un robo y aseguró que presentó pruebas ante la Justicia, incluyendo la denuncia por la desaparición de la cosecha y la posible participación de terceros en su comercialización.
Mientras tanto, el Gobierno provincial se mantuvo en silencio. Ningún funcionario de la Secretaría de Ética Pública ni la Agencia de Noticias de San Luis respondió a los cuestionamientos. Según el relato oficial publicado por ANSL en 2024, la cosecha habría sido almacenada en silo-bolsas como medida para “proteger los recursos” y preparar un nuevo proyecto productivo en el predio, aunque hasta ahora no se presentaron documentos que confirmen el destino del maíz ni los fondos obtenidos por su venta.
La respuesta del Gobierno
Este miércoles por la mañana, el fiscal adjutor del Gobierno provincial, Rafael Berruezo, dio una conferencia de prensa en la que habló sobre la denuncia y apuntó contra Darío Oviedo, el funcionario que era administrador del campo y a quien ya se le pidió la renuncia. Además, dio a conocer que el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, ha denunciado penalmente a Oviedo.
Berruezo comenzó su explicación del caso con un repaso de la historia de ese campo, al cual el Gobierno provincial, allá por el año 2009, le entregó su posesión con el fin de criar caballos de polo, pero este fin “no se cumplió. Además, se había acordado el pago de esta cesión en 48 cuotas, pero “solo se pagaron 5 cuotas”.
“A raíz de esto, en 2017 se rescindió el contrato por parte del Gobierno” y “recién en 2022 salió una resolución ordenando al Caburé que devolviera el campo por incumplimiento”, continuó el fiscal adjutor. “Desde esa fecha hasta abril de 2024, el gobierno anterior nunca cumplió con esta medida y nunca pidió la devolución del campo”, sostuvo. Berruezo destacó que fue la actual gestión la que, en abril de 2024, “ejecutó el tema de la devolución y tomó posesión del mismo”.
“Es decir que El Caburé llevaba quince años explotando irregularmente y hasta ilícitamente el predio”, manifestó Berruezo, quien añadió que tras la toma de posesión “hubo una serie de acciones judiciales y denuncias de usurpación” por parte de esta firma, las cuales tramitan en la Justicia local. Una vez que el Gobierno tomó posesión, Bazla designó a Oviedo como administrador del campo.
“Este funcionario empezó a realizar administración, podríamos decir, fuera de lo que era su mandato, fuera de lo que estaba convenido. Esto significó que el doctor Bazla y el gobernador le pidieran la renuncia y se lo apartó. A raíz de estas irregularidades administrativas fue que el doctor Bazla realizó denuncias en la justicia, en Villa Mercedes, en contra de Oviedo, para que se analice si estas irregularidades administrativas constituyen o no delitos. Después sabemos que ellos (por El Caburé) han denunciado por su lado la gente que irregularmente estuvo explotando el campo”, manifestó el fiscal adjutor.
Consultado por este medio por la fecha en la que Bazla hizo su denuncia, para conocer si fue antes o después de que el hecho saliera a la luz, Berruezo respondió que no tenía el dato a mano, pero que entiende que “que fue antes de las denuncias hechas por el doctor (Pascual) Celdrán”, abogado de Enrique Baira, uno de los dueños de El Caburé.
En cuanto a las “irregularidades administrativas” que habría cometido Oviedo, Berruezo mencionó cuestiones como “no haber pasado en tiempo y forma el informe, no haber dicho exactamente, por ejemplo, el tema de la famosa cosecha, y haber realizado administración sin ningún tipo de mandato”.
El fiscal adjutor reconoció que el Gobierno estaba al tanto de la existencia de esta cosecha. “Había conocimiento, por eso, el tema era administrar y, si vas a cosechar, tenés que hacer todos los recaudos, como dejar constancia de la situación, que Oviedo no lo hizo; decir cuánto se cosechó, o con autorización, que no hay, de quién iba a realizar la cosecha. Él contrató a alguien, supuestamente, pero no sabemos a quién ni cómo ni cuándo”, dijo el funcionario, señalando que el propósito de la denuncia es “aclarar y dejar en claro, primero, si hay un delito y avanzar”.
“Lo que creo que lo que hay que rescatar o poner de resalto, mejor dicho, es que, en primer lugar, el gobierno anterior, no sabemos por qué, durante más de un año dejó que se siguiera explotando ese campo irregularmente. Obviamente, el Caburé SA difícilmente puede venir a pretender recuperar algo, porque si cosecha en un lugar que está ocupado irregularmente, vos no podés disfrutar de los frutos de ese ilícito. Y lo más importante es que este gobierno, esta gestión no es igual que el resto. El gobernador, a partir de la irregularidad detectada, sacó al funcionario que estaba implicado y se lo denunció en la justicia como correspondía. Ahora nosotros, como fiscalía de estado, vamos a tomar intervención en ambas denuncias, tanto en la que ha hecho el doctor Bazla como la que han hecho, que está en los medios, del doctor Celdrán, y vamos a ver qué pruebas hay, qué se ha incorporado y en qué vamos a colaborar nosotros”, continuó Berruezo.
Este medio consultó al fiscal adjutor por el rol de Diego Amondarain (hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain), quien también ha sido denunciado. Según El Diario de la República, hay un audio “donde habla una persona que podría ser Diego Amondaraín, donde planean cómo vender el maíz” de la cosecha, por fuera de los canales oficiales. “Ese audio no tiene nada que ver con la situación del Caburé SA. Eso ya está acreditado y se está analizando por parte de los denunciados falsamente, sobre todo el doctor Bazla, (para ver) si va a denunciar la incorporación de una prueba falsa. Eso está en el Código Penal, en el artículo 255. Incorporar una prueba falsa es delito, entonces, el doctor Bazla está analizando en su defensa si va a también denunciar eso”, respondió Berruezo.
La Gaceta Digital también consultó si, por parte del Gobierno, se está investigando a alguien más, como por ejemplo la persona contratada por Oviedo para manejar la cosecha, pero la respuesta es que “por ahora” solo se investiga al ex funcionario. “Hay dos denuncias, una que ha hecho Bazla contra Oviedo, y la otra que ha hecho el doctor Celdrán, en donde involucra a Oviedo y a Bazla. Entonces, nosotros vamos a tener las dos. Entendemos con toda la documentación, por eso nos hemos tomado todo este tiempo para analizarla, entendemos que la responsabilidad, en principio, restaría recayendo sobre Oviedo, pero, bueno, nos vamos a meter en la causa y ahí veremos si hay más denuncias, y qué pasa, porque esto recién empieza”, sostuvo.
LGD también consultó qué se sabe del destino de la cosecha. “Supuestamente, ha dicho Oviedo, que el costo de la cosecha se terminó entregando a quien la cosechó porque, digamos, no dejó ganancias. Dicho verbalmente por él, o sea, lo que costó cosechar fue el valor de la cosecha, o sea, que se tuvo que entregar todo a quien cosechó, pero eso es palabra de él”, fue la respuesta del fiscal adjutor. Esta persona, que Oviedo “contrató irregularmente”, es el productor rural Francisco Anselmi, quien también ha sido denunciado por Celdrán.
Berruezo cerró la conferencia con un tono netamente político, realmente difícil de contextualizar, salvo por el hecho de que el medio que dio a conocer el hecho pertenece a Alberto Rodríguez Saá. “Nosotros, ante irregularidades y posibles delitos, denunciamos a los funcionarios, somos distintos, no somos igual que los anteriores”, concluyó.
