El Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) expresó su rechazo a las reformas judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial y tratadas en la Legislatura, en particular al proyecto que modifica el artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia para reducir la feria judicial desde 2027.
A través de un comunicado titulado “No hay reforma judicial posible sin inversión y salarios dignos”, el gremio sostuvo que las iniciativas oficiales “no resuelven el problema estructural del Poder Judicial, sino que lo agravan”, afectando tanto a los trabajadores judiciales como a los profesionales del derecho y a los justiciables.
Desde el sindicato señalaron que el recorte presupuestario previsto para 2026, junto con la prórroga de la Ley de Emergencia que congela las vacantes, deja al Poder Judicial “con la dotación más baja de los últimos 18 años”, en un contexto de mayor población y de creciente litigiosidad. “Menos personal, menos recursos y más causas: una combinación que torna inviable cualquier intento de celeridad real”, advirtieron.
El Sijupu consideró que la reducción de la feria judicial “no aportará soluciones” y, por el contrario, profundizará la mora judicial. Argumentaron que, con escaso personal, los juzgados deberán cubrir guardias mínimas durante la feria y luego compensar licencias durante el resto del año, lo que generará “una rotación permanente de personal, sin juzgados completos en ningún momento”.
El gremio también alertó sobre el impacto de la medida en abogados y justiciables, ya que los primeros “perderán el único período del año en que los plazos procesales se suspenden y pueden ejercer su derecho al descanso”, lo que —según el sindicato— afectará la calidad de la defensa técnica y el funcionamiento general del sistema judicial.
Otro de los puntos cuestionados por el Sijupu fue la falta de consulta al Superior Tribunal de Justicia en el proceso de elaboración de la reforma. “Por primera vez en la historia institucional reciente, una modificación de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia no fue impulsada ni consultada al Superior Tribunal, rompiendo una práctica de respeto y colaboración entre poderes”, señalaron.
En contraposición, el sindicato recordó que en agosto de 2024 se presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Autonomía del Poder Judicial de San Luis, elaborado junto con los colegios de magistrados y funcionarios, que aún no fue tratado. Según destacaron, esta iniciativa “propone consolidar la autarquía financiera y garantizar la independencia presupuestaria y funcional del Poder Judicial”, y constituye “la verdadera reforma que necesita la Justicia puntana”.
El comunicado concluye afirmando que “no hay reforma judicial posible sin inversión, sin personal y sin salarios dignos”, y que la mejora del sistema “no se logra debilitando su estructura ni recortando su autonomía, sino con recursos, planificación, diálogo y respeto institucional”.
