En una inusualmente cargada sesión, la Cámara de Diputados aprobó 5 proyectos de relevancia, incluyendo la creación del municipio de El Suyuque, la del Colegio de Ingenieros Civiles, la de la Red de Infarto y la del Régimen Preventivo y control de actividades con metales no ferrosos. Además, se aprobó la ley de activos digitales que tanto cuestionó la oposición la semana pasada.
Previo al tratamiento de los temas que figuraban en el orden del día, el diputado opositor Federico Berardo pidió el tratamiento sobre tablas de un pedido de interpelación al secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, en el marco del escándalo por la cosecha desaparecida de El Caburé. “Al funcionario (por Darío Oviedo) lo echaron el 3 de junio. ¿Qué pasó de junio hasta ahora que no dijeron una palabra? ¿Qué le pasa a Bazla? ¿Cuál es el rol que cumple? Si el 3 de junio echaste a un funcionario por corrupto, contáselo a la sociedad”, dijo Berardo. “Tienen un secretario de Ética Pública que no dice nada y para colmo se la quiere jugar de víctima”, añadió el opositor, antes de que el tratamiento sobre tablas fuera rechazado por la mayoría oficialista.
La sesión estuvo marcada por las gradas repletas de ingenieros y profesionales afines. Por un lado, los Civiles que quieren su propio colegio profesional y por el otro los ingenieros y técnicos que integran el Cinytec y no quieren que se divida el patrimonio de dicha institución. Para conocer más del tema, no te pierdas esta nota.
Si bien podía considerarse un tema polémico, el tratamiento fue verdaderamente exprés. Algunos miembros del oficialismo leyeron parte del proyecto y destacaron la importancia de los colegios profesionales. “El colegio ejerce también la función regulatoria esencial para asegurar la seguridad y la ética en el mercado de servicios de esta profesión”, dijo Ivana Rica, quien además hizo un repaso de las distintas profesiones que se fueron desprendiendo del Cinytec, como arquitectos y agrimensores. Finalizadas sus palabras, el proyecto se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, pero debe volver a Senadores, ya que Diputados le introdujo modificaciones.
También fue aprobado por unanimidad, y también convocó a numerosas personas a las gradas, el proyecto de creación del municipio de El Suyuque. El tratamiento del proyecto, que obtuvo su media sanción el año pasado en Senadores, estuvo repleto de alocuciones destacando la historia de la zona, la necesidad de que se constituya como municipio y de palabras de afecto hacia sus habitantes.
Una de ellas fue la de Carlos “Charly” Pereira, quien se refirió a la obra Toponimia Puntana y Otras Noticias de Jesús Liberato Tobares. “Ahí da cuenta de el origen de la voz de El Suyuque, que viene proviene del quechua, ‘suyuqui’, y que significa pequeña provincia o provincia diminuta. Y fíjense cómo hoy ese espacio nació con una gran vocación identitaria, ¿no? Y que hoy estamos materializando esa vocación después de tantos años en la consolidación de una estructura jurídico institucional con entidad y perfil propio, dadas las bellezas particulares que tiene la comunidad y el carácter que han tenido siempre los primeros residentes de ese espacio que para los capitalinos siempre estuvo cerca, como dice la canción, y siempre ha sido muy querido”, dijo el legislador oficialista.
El tratamiento de la ley de Activos Digitales también fue relativamente breve, especialmente comparado con el de la semana pasada, ya que solo expusieron un miembro por bando político. Por la oposición lo hizo Fernanda Spinuzza. “Hemos hablado mucho sobre este proyecto, hemos explicado sus problemas técnicos, sus vacíos jurídicos, sus contradicciones conceptuales, también hemos señalado los riesgos que implica para la autonomía de los poderes, para la soberanía digital y para la integridad institucional de nuestra provincia”, dijo la opositora, apuntando nuevamente al artículo 8.
Originalmente, el proyecto del oficialismo planteaba la creación de una sola autoridad de aplicación, que obviamente iba a operar dentro del Poder Ejecutivo, y que iba a controlar los activos de los otros dos poderes. Tras múltiples quejas de la oposición, esto se cambió. Cada Poder tendrá su autoridad de aplicación, pero, si se generan “controversias”, la palabra final la tendrá el Ejecutivo.
Para cerrar, Spinuzza remarcó que están “de acuerdo en regular activos digitales gubernamentales”, pero que el proyecto en tratamiento “busca imponer la tecnología por encima del derecho y al Poder Ejecutivo por encima del Estado”, subrayando que, en el siglo 21, “los datos son poder”. “Esta ley va a pasar, pero la responsabilidad por sus consecuencias quedará escrita”, sentenció.
Por el oficialismo, Luciana Perano respondió a algunos de los planteos de Spinuzza, asegurando que cada Poder “regulará la ley en su ámbito por ser cada una autoridad de aplicación”. “Es importante aclarar que este artículo no habilita ni autoriza bajo ninguna circunstancia la solicitud, control o injerencia sobre cuentas personales de los agentes públicos o cualquier otra persona”, dijo la oficialista, quien sostuvo que “la entrega de nombre de usuario, claves y otros métodos de identificación solo será exigible respecto de cuentas creadas con fines institucionales”.
Perano también hizo aclaraciones con respecto a las críticas de la semana pasada con respecto a la cuenta de Claudio Poggi. “Su cuenta es @gobernadorsl. Es la cuenta oficial del Gobernador de San Luis, es decir el nombre institucional del usuario, el perfil de la cuenta, que se puede cambiar en cualquier momento es ‘Gobernador Claudio Poggi’, cuando cambie el gobernador se realizará el traspaso de la cuenta oficial”, dijo Perano, quien además deslizó muchísimas críticas a la oposición, por ejemplo, la no reglamentación de la ley de Ciberseguridad aprobada en 2022, y a Spinuzza en particular.
Finalizadas las alocuciones, el proyecto se aprobó con mayoría de los votos del oficialismo.
El debate más apasionado quizás fue el del “Proyecto de Continuidad Funcional de Magistrados y Funcionarios Judiciales designados con carácter provisorio, en el marco de la Ley Nº V-1164-2025 Prórroga Parcial de la Emergencia”. Aquí, se multiplicaron las críticas del oficialismo hacia el albertismo, destacando cuestiones como que este proyecto era necesario porque, luego de que se produjo la aplicación del sistema acusatorio, no se nombraron de manera definitiva los funcionarios judiciales para que ocupen esos cargos, sino de forma provisoria. Como este proceso todavía no ha concluido, es necesario prorrogar las designaciones de quienes los ocupan provisoriamente.
“Este proyecto viene a ordenar parte de este desorden que es el legado de la administración política de Alberto Rodríguez Saá”, dijo Pereira, quien le pidió a los albertistas “un acto de reflexión” y que se pregunten que hizo su gobierno durante los 16 años de Rodríguez Saá “en materia de política judicial”. “Eso les quita toda autoridad para realizar un abordaje honesto de la temática, lo que no implica la posibilidad de crítica”, dijo el oficialista, quien luego remarcó que “promovieron a más de 30 funcionarios del Poder Ejecutivo, sin mayores antecedentes, y obviando el criterio de selección de magistrados y funcionarios”.
La mejor respuesta por la oposición fue la de Sonia Delarco, recordándole al oficialismo la designación de Víctor Endeiza, primo del vicegobernador, cuya carrera como jurista o litigante era casi nula. “Se olvidan que hoy integra un funcionario político de este gobierno la máxima autoridad de la Justicia”, les dijo la diputada.
Tras varios minutos de chicanas similares y acusaciones cruzadas, el proyecto fue aprobado por unanimidad.
