Con el objetivo de proteger los recursos naturales mediante proyectos sustentables y brindar seguridad a quienes deseen invertir en tierras dentro de la provincia, el Gobierno de San Luis recordó las normativas vigentes que deben cumplir los desarrolladores inmobiliarios y los particulares antes de encarar nuevos emprendimientos.
Durante una conferencia de prensa, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, David Nicola, y Carhué Ortiz, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicaron los pasos que deben seguirse para garantizar un desarrollo ordenado y ajustado a la legislación ambiental.
Crecimiento poblacional y planificación responsable
A partir de que la densidad demográfica de San Luis aumentó un 25% en los últimos años, se generó un mayor impulso en la construcción de complejos habitacionales. Frente a este crecimiento, desde el Ejecutivo se remarcó la importancia de que los desarrollos urbanísticos cumplan con las normativas provinciales, no solo para preservar la flora nativa y los recursos naturales, sino también para ofrecer certezas a quienes adquieren terrenos o viviendas.
“Cuando los proyectos urbanísticos se hacen de manera ordenada, generan un impacto positivo, una mejor calidad de vida en las localidades y promueven su desarrollo productivo. Sin embargo, cuando no se planifican adecuadamente, pueden surgir conflictos sociales, como dificultades para escriturar o la falta de servicios básicos. Desde el Estado debemos garantizar que todo se haga de manera prolija y segura”, señaló Nicola.
Requisitos ambientales para nuevos proyectos
El funcionario explicó que “todo proyecto de urbanización que incluya apertura de calles, división de terrenos, loteos abiertos o cerrados, o cualquier tipo de fragmentación de un predio, debe contar obligatoriamente con un estudio ambiental presentado por un profesional habilitado por la Secretaría”.
Este estudio debe realizar un análisis pormenorizado del terreno, en cumplimiento con la Ley Nacional de Bosques, la Ley Ambiental Provincial y la normativa de impacto ambiental.
Por su parte, Carhué Ortiz recordó que los proyectistas y titulares de los predios “deben tener en cuenta la normativa vigente de protección de los bosques nativos”, en especial la Ley Nacional 26.331 y sus complementarias provinciales. Toda esta información, junto con un mapa orientativo que clasifica las zonas según su nivel de conservación (verde, amarilla o roja), está disponible en el sitio web de la Secretaría.
Certificaciones y sanciones
“Una vez determinada la categoría de conservación del terreno, se evalúa la viabilidad del proyecto. En las zonas verdes, que son las únicas que permiten loteos urbanos, se autoriza la intervención de hasta el 75% de la superficie, debiendo preservarse el resto”, detalló Ortiz.
Luego de este proceso, Ambiente emite un certificado de aptitud ambiental, documento legal, técnico y social que debe presentarse en Catastro. Este certificado otorga la licencia necesaria para iniciar el proyecto y brinda seguridad a los compradores sobre la validez y la posibilidad de escriturar sus terrenos.
En caso de no cumplir con este procedimiento, la Secretaría de Ambiente puede iniciar un sumario administrativo a través de la Subdirección de Sumarios, que podría derivar en sanciones para el desarrollador o el vendedor.
Seguridad para los inversores
“El otro objetivo de esta conferencia es darle certeza al futuro comprador, al que viene a invertir en San Luis y la elige por su paisaje o su vegetación. Queremos que quienes decidan comprar un terreno exijan al desarrollador o al vendedor la resolución y el certificado de aptitud ambiental”, concluyó Nicola.
Fuente: ANSL
