Este lunes, el fiscal Francisco Assat Alí, junto a la fiscal adjunta Ornela Costa de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la primera circunscripción judicial, imputaron a tres nuevas personas en el marco de la causa conocida como la Mafia de las Escrituras. Se trata de José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzoca Fernández y Ruth Sonia Agüero, acusados por asociación ilícita en carácter de partícipes, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados, además de su uso en procesos judiciales. El pasado 20 de agosto, 11 personas fueron imputados por esta misma causa que La Gaceta Digital dio a conocer.
La audiencia fue encabezada por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, con la participación de la Fiscalía de Estado —representada por Florencia Bustos Samperisi— y de la querella a cargo de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone.
Assat explicó que la audiencia tuvo por objeto ampliar la imputación a tres nuevas personas, en una causa que ya cuenta con once imputados. Además, se formuló reserva de audiencia para otros dos citados que no comparecieron: Salvador Presti y Carlos David Genta.
Durante la exposición, el fiscal detalló que la investigación se centra en hechos que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se remontan al menos al año 2012. Desde entonces, los imputados habrían formado parte de una asociación ilícita dedicada a la apropiación ilegítima de predios, lotes e inmuebles mediante maniobras fraudulentas y artificios procesales.
Entre los mecanismos detectados se mencionaron la introducción de domicilios falsos para impedir que las víctimas fueran notificadas y declararlas rebeldes, el uso de documentación apócrifa, la falsificación de firmas y sellos, y la participación rotativa de los mismos testigos y miembros del grupo en distintos expedientes, asumiendo diversos roles según la conveniencia.
Assat también remarcó que las víctimas suelen ser personas mayores, con limitaciones físicas o herederos que no residen en la provincia, lo que las hace especialmente vulnerables a este tipo de maniobras.
Según la Fiscalía, los hechos se enmarcan en una organización con estructura estable, división de funciones y permanencia en el tiempo. El grupo estaría liderado por el abogado Juan Cruz Domínguez, cuyo conocimiento técnico en materia civil habría sido determinante para ejecutar las maniobras.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que los imputados firmen el libro de procesados una vez por semana durante seis meses y que no puedan salir de la provincia sin autorización judicial. También pidió que la causa sea declarada compleja, por la cantidad de personas involucradas, la extensión de la investigación y la naturaleza económica de los hechos. Además, requirió la inhibición general de bienes y la prohibición de disponer o gravar el patrimonio de los imputados hasta la finalización del proceso.
Tanto la querella como la Fiscalía de Estado adhirieron a los planteos del Ministerio Público Fiscal.
El abogado José Samper, defensor de Jofré, adelantó que su representado prestará declaración indagatoria. Jofré manifestó haber firmado documentación sin conocer su contenido, a pedido de un conocido del ámbito laboral, y que no obtuvo ningún beneficio económico.
Por su parte, el abogado Martín Pérez Ruta, defensor de Mazzoca Fernández y Agüero, sostuvo que sus representados actuaron de buena fe al comprar un terreno y luego ceder los derechos de propiedad, negando que integren una organización o que su proceder haya sido ilícito.
Finalmente, la jueza Banó tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal, declaró la causa como compleja y otorgó un plazo de seis meses para la investigación. Dispuso que los imputados firmen el libro semanalmente en el Ministerio Público Fiscal y prohibió su salida de la provincia durante ese mismo plazo, salvo autorización por razones de fuerza mayor o de salud.
En materia patrimonial, la jueza ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de contratar respecto de los tres imputados, con el objetivo de resguardar posibles responsabilidades patrimoniales.
El modus operandi de la organización, según la Fiscalía
De acuerdo con lo expuesto en la primera audiencia, donde fueron imputadas once personas, la presunta organización habría intervenido en al menos veinte hechos de apropiación fraudulenta de inmuebles —entre predios, lotes, campos y viviendas— ubicados en distintas localidades de la provincia, como San Luis capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el grupo actuaba de manera organizada, con división de roles y rotación de funciones, mediante un mecanismo sostenido en el tiempo. Las maniobras consistían en simular procesos sucesorios y cesiones de derechos basadas en documentación falsificada, para luego iniciar juicios de escrituración que derivaban en sentencias engañosas y en la transferencia irregular de propiedades a favor de los integrantes del grupo.
Para concretar esas operaciones, se habrían confeccionado boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés y comprobantes impositivos falsos, entre otros documentos.
Un elemento clave, según la Fiscalía y la querella, era el uso de “domicilios seguros” o “controlados”, que en realidad pertenecían a miembros de la organización. De ese modo, se impedía que los verdaderos propietarios fueran notificados y se los declaraba en rebeldía, lo que permitía que los tribunales —actuando de buena fe pero bajo engaño— dictaran resoluciones favorables a los acusados.
El fiscal Assat Alí destacó la magnitud del perjuicio patrimonial, que superaría los cuatro millones de dólares.
