En una sesión breve, la Cámara de Senadores aprobó este martes por unanimidad y sobre tablas dos proyectos que habían regresado en segunda revisión desde la Cámara de Diputados: la ley de Activos Digitales Gubernamentales y la creación del Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de San Luis.
Ley de Activos Digitales
El primer expediente tratado fue el proyecto de ley de Activos Digitales Gubernamentales, que regula el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales de la administración provincial.
El senador Adolfo Castro Luna explicó que la iniciativa “viene a cubrir un vacío legal en materia de activos digitales en la provincia” y busca ordenar las cuentas y plataformas digitales que maneja el Estado, consideradas “un patrimonio muy importante para la provincia, que en definitiva somos todos”.
Como ya informó este medio, la Cámara de Diputados había introducido una modificación en el artículo 8°, referido a la autoridad de aplicación. El nuevo texto establece que cada poder del Estado designará su propia autoridad responsable de administrar y resguardar sus activos digitales, garantizando así autonomía funcional. En caso de controversia, el Poder Ejecutivo podrá intervenir, lo cual fue el principal cuestionamiento de la oposición en Diputados.
“La modificación refleja autonomía funcional para los tres poderes y facilita la aplicabilidad de la norma en cada ámbito, sin alterar los principios originales del proyecto”, explicó Castro Luna, respondiendo específicamente a estas críticas, antes de pedir la sanción definitiva.
El proyecto fue aprobado por unanimidad, convirtiéndose en ley.
Colegio de Ingenieros Civiles
Luego, el Senado trató y aprobó en segunda revisión el proyecto de ley que crea el Colegio de Ingenieros Civiles de San Luis. Se trata de una iniciativa impulsada por los propios ingenieros civiles de la provincia, que había sido aprobada por unanimidad en el Senado a comienzos de 2024 y modificada posteriormente en Diputados.
Nuevamente, fue Castro Luna quien explicó los cambios introducidos en la Cámara baja, los cuales fueron “mayormente de forma” y, según manifestó, respondieron a sugerencias del Colegio de Ingenieros y Técnicos (Cinytec).
El legislador detalló que se ajustó el artículo primero para delimitar el alcance del nuevo colegio exclusivamente a los ingenieros civiles y sus especialidades derivadas, como vías de comunicación, transporte, hidráulica o sanidad. También se modificó la redacción del artículo 4°, inciso 7, estableciendo que los aranceles de la obra pública deberán acordarse con los ejecutivos provincial y municipales.
Entre los cambios más relevantes, Castro Luna mencionó la reformulación de los artículos 36 y 39, vinculados al patrimonio y la división institucional con el Cinytec. En este último, se reemplazó la intervención del Tribunal de Cuentas por un mecanismo de negociación directa entre los colegios profesionales involucrados, con un plazo de 120 días para arribar a un acuerdo y la posibilidad de acudir a vías administrativas o judiciales si no se logra consenso.
Además, se incorporó un párrafo destinado a garantizar los derechos laborales del personal del Cinytec afectado por el proceso, asegurando continuidad, antigüedad y condiciones laborales.
En este sentido, cabe señalar que hubo planteos del Cinytec que no se tuvieron en cuenta para la aprobación de esta ley, ya que este colegio profesional se oponía terminantemente a la división de su patrimonio.
“Estas modificaciones fortalecen la ejecutabilidad de la ley, respetan la autonomía de las entidades y garantizan la transparencia del proceso de traspaso patrimonial y la protección jurídica del personal afectado, sin desnaturalizar el espíritu del proyecto”, afirmó Castro Luna.
Desde la oposición, el senador Alejandro Torres también expresó su apoyo y recordó el trabajo conjunto realizado durante el tratamiento original de la iniciativa. “Qué lindo llegar a un resultado donde se trabajó escuchando todas las voces. Felicitar a los ingenieros civiles y adelantar mi voto positivo”, señaló.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y convertido en ley.
