El Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) cumplió este martes su tercera jornada consecutiva de paro total de actividades, con movilizaciones en Villa Mercedes, Concarán, Santa Rosa, Merlo y la ciudad de San Luis. Según expresó el secretario general del gremio, Facundo Coria, lejos de aflojar, la adhesión “cada vez es mayor” y el conflicto continúa ampliándose a otros sectores estatales.
Coria señaló que desde el primer día de paro han “sumado todavía más adhesión”, y remarcó que la lucha no se limita a lo salarial. Para este martes, el sindicato convocó a la movilización de la Mesa Intersindical a las 18.30 frente al Correo Argentino en la capital provincial.
El dirigente afirmó que la convocatoria es amplia e incluye a trabajadores de distintos sectores estatales, porque —según advirtió— los servicios públicos están “siendo deteriorados, sometidos económicamente”. Mencionó situaciones críticas en salud, donde “los edificios se caen a pedazos”, y la situación docente y municipal, con salarios que calificó de “indigencia”. En ese contexto, sostuvo que los judiciales continúan con “los salarios más bajos del país”.
Respecto de los reclamos del sector, Coria remarcó que dentro del Poder Judicial no se trata únicamente del aspecto salarial, aunque destacó que actualmente existe “un 38 por ciento del salario que son bonos no remunerativos” que no impactan en aguinaldos ni en los “miniaumentos” que dispuso el Ejecutivo. También pidió una recomposición que lleve los sueldos “a los niveles de 2023, donde todos los salarios superaban la canasta básica”.
El secretario general cuestionó además lo que definió como una “intromisión del Poder Ejecutivo y el sometimiento económico” sobre el Poder Judicial. Señaló que el Poder Judicial depende “de un 80% del tesoro de la provincia y de las voluntades políticas de turno” y que, ante la falta de respuestas oficiales, “ese silencio” es tomado por el gremio como una postura definida.
Coria apuntó también contra el rol del Poder Legislativo y planteó que, mientras se reclama ejemplaridad, los legisladores “frenan cuatro meses y trabajan dos días a la semana”. Aclaró que los judiciales “no hacemos las leyes” y que, si existen cuestionamientos sobre cómo se dictan las sentencias, lo que debe modificarse “son las leyes”, tarea que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.
