Haciendo uso de su nueva mayoría de 9 votos, el oficialismo municipal logró este jueves la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo, buscando declarar la económica, financiera, administrativa, de transporte público e hídrica. Si bien la emergencia económica es algo que se viene declarando de manera sistemática hace ya muchos años, al oficialismo le costó justificar este jueves la hídrica y de transporte público.
La sesión comenzó con Lizbeth Huatay Otiniano abriendo el paraguas y anticipar que la oposición va a realizar “una crítica destructiva”. Luego, comenzó a leer un documento que hablaba de la “difícil situación económica y social imperante en el país, el aumento de los precios, de los bienes y servicios”. También leyó que “la recesión económica y la caída de consumo se han profundizado a lo largo del año 2025”, razón por la cual el municipio debió “reorganizar y reasignar recursos materiales, financieros y humanos para lograr el equilibrio económico”.
Como también hizo la gestión de Sergio Tamayo, Huatay señaló que es “necesario diferir la aplicación de las ordenanzas” de la puesta en marcha del Defensor del Pueblo Municipal y la creación del 2do Juzgado de Faltas, los cuales fueron creados por ordenanza en 2019.
En lo que respecta a la emergencia hídrica, reconoció que “hay acopio de agua”, pero remarcó que “el estado precario de algunos tramos de acueductos provoca fugas y filtraciones”, aunque no dio precisiones, lo cual fue algo muy criticado por la oposición durante la sesión.
Por el lado de la oposición, ya sin el verborrágico Alejandro Cordido, el principal orador fue Andrés Russo quien inmediatamente se remitió a la última rendición trimestral enviada por el Poder Ejecutivo, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre; en la cual se destaca un superávit de 11.393 millones de pesos. “No vemos la emergencia. Es como si del salario nuestro nos sobrara el 20% todos los meses”, dijo Russo, quien también se refirió al constante relato de la caída de la coparticipación.
Mostrando documentación oficial, señaló que la coparticipación tuvo un 5% de crecimiento real, lo cual se suma al “tarifazo más grande de la historia de San Luis” y una recaudación propia del municipio que también “es buena”. “Esto es una buena administración cuando los problemas de los vecinos están resueltos, cuando los salarios de los trabajadores son dignos. Cuando tenés una deuda con los trabajadores, con los barrios, cuando tenés los servicios detonados esto no es buena administración, esto es picardía”, disparó Russo, quien remarcó que hay 6.600 millones en plazo fijo, que generan intereses mensuales por 183 millones.
También criticó la justificación de la emergencia en transporte público, asegurando que es un “copia y pegue” del proyecto que la gestión de Tamayo, a la que Russo perteneció, impulsó en en 2019, apenas asumió, cuando encontró a la empresa “paralizada”. “Desde ahí hasta la fecha que se copia y pega, no hay explicación”, criticó el opositor.
De igual manera criticó la emergencia hídrica, haciendo hincapié en que la gestión Tamayo la declaró una sola vez, durante la sequía de 2022. Acto seguido, hizo un repaso de cómo estaba en 2022 la cota de los diques que abastecen a la ciudad, para luego señalar como hoy en día todos ellos están vertiendo agua porque “les sobra”. Según el opositor, buscar declarar estas emergencias en las condiciones actuales demuestra que Hissa “es un inútil que no sabe administrar los recursos, le sobra agua por todos lados y todavía tiene filtraciones”.
Las críticas de los opositores continuaron con Juan Martín Divizia, quien, por ejemplo, señaló que hoy en día estamos en emergencia hídrica, ya que también se aprobó el año pasado, y que la Municipalidad no concientiza a la población al respecto, lo que conduce a que “nadie se toma en serio estas emergencias”.
Por su parte, Témoli destacó que, a diferencia de cómo ocurría durante la gestión Tamayo, no fue “ni un solo funcionario del Ejecutivo” a dar detalles e informar a los concejales, ya sean del oficialismo o de la oposición, los motivos por los cuales se busca declarar esta emergencia.
Paulina Calderón luego cuestionó que la emergencia hídrica sea por todo un año y no solo durante los meses de calor, como fue en 2022, reiterando el punto de Divizia de que esto no contribuye a que la gente tome en serio estas emergencias. Luego Agustina Gatto reconoció que, si bien la gestión Tamayo que ella apoyó también lo hizo, el proyecto enviado por la Municipalidad “no tiene sustento fáctico o jurídico” para no nombrar al Defensor del Pueblo municipal o no proceder con la creación del 2do juzgado de faltas.
Por el lado del oficialismo, a diferencia del habitual silencio, hubo algunas respuestas. Por ejemplo, Diego Videla contestó los cuestionamientos económicos de Russo con lo siguiente: “Un superávit demuestra que hay una administración ordenada y responsable. No se trata de todo lo que entra gastárselo. Lo que se busca con esta herramienta es proteger los recursos municipales de posibles situaciones desfavorables o de sentencias que no estén presupuestadas”. Y de paso tiró una dura chicana: “Lo único que hacían era fugársela en negociados personales con el municipio”. “Muy bien, concejal”, lo felicitó Laura Sánchez, presidenta del Concejo.
Micaela Medina también se animó a contestar a la oposición. “Piden el Defensor del Pueblo y queremos saber cuántos designaron ellos”, dijo la oficialista, quien también se refirió a la cuestión hídrica. “El crecimiento de la población no fue acompañada con la ampliación de la capacidad de las plantas potabilizadoras ni del sistema de distribución y la falta de inversión se ve claramente en el deterioro de las plantas. No solamente hace falta que los diques estén llenos de agua, también hay que pensar cómo llevamos el agua de los diques a las casas”, dijo Medina.
Sin bien los oficialistas no dieron los detalles que los opositores solicitaban para aprobar estas emergencias, y todavía siguen hablando de la gestión anterior, hoy se animaron a hablar muchísimo más que durante la enorme mayoría de 2025. De este modo, y con su nueva mayoría de 9 votos contra 6, el oficialismo logró la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo.
