Este miércoles, el Fiscal Francisco Assat Alí, titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, solicitó que Mario Cristian Vega, imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de partícipe, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados, cumpla prisión domiciliaria por haber incumplido de manera reiterada la obligación de firmar el libro semanal ante la Fiscalía, medida que le había sido impuesta el 20 de agosto junto con otras restricciones.
Según expuso el Fiscal, Vega no cumplió con dicha obligación durante varios meses y recién comenzó a firmar el libro el 19 de noviembre, lo que motivó el pedido de una medida de coerción más gravosa. En ese marco, la Fiscalía solicitó la detención domiciliaria por el plazo restante de la investigación penal preparatoria, bajo apercibimiento de requerir prisión preventiva ante un eventual incumplimiento. Finalmente, la Jueza interviniente resolvió disponer la prisión domiciliaria por el término de 20 días.
En la misma audiencia, Assat formuló cargos contra Carlos David Genta, representado por la Defensora Oficial en lo Penal N° 2, Nadia Agúndez, por los delitos de asociación ilícita en carácter de partícipe, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados. La Jueza tuvo por formulados los cargos e impuso las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía: firma del libro de manera semanal ante la Unidad de Gestión Fiscal, prohibición de salir de la provincia e inhibición general de bienes con prohibición de contratar, por el plazo restante de la investigación penal preparatoria.
Durante su exposición, el Fiscal explicó que a Genta se le imputaron los mismos delitos que a otras 14 personas, en el marco de una causa que se investiga desde hace más de dos años y que tuvo inicio formal el 20 de agosto de este año, con la apertura de la investigación penal preparatoria. En noviembre, el Tribunal interviniente declaró la causa como compleja, en razón de la cantidad de personas involucradas, la extensión de la investigación y la naturaleza económica de los hechos.
De acuerdo con la acusación, Genta y los demás imputados habrían integrado una presunta asociación ilícita destinada a la apropiación ilegítima de predios, lotes e inmuebles, mediante maniobras fraudulentas y el uso de artificios procesales.
Asimismo, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas de coerción oportunamente dictadas el 20 de agosto respecto de los restantes imputados, teniendo en cuenta que dichas medidas se encontraban próximas a vencer. El pedido se realizó en los mismos términos en que habían sido dispuestas —firma semanal del libro ante la Unidad de Gestión Fiscal, prohibición de salir de la provincia e inhibición general de bienes con prohibición de contratar— por el plazo restante de la investigación penal preparatoria. El Fiscal señaló que estas medidas han resultado eficaces para cautelar el proceso.
¿En qué consiste esta megacusa?
Según la Fiscalía, la presunta organización estaría relacionada con alrededor de veinte maniobras de apropiación ilegítima de bienes inmuebles, que incluyen predios, lotes, campos y viviendas ubicados en diversas localidades de la provincia, entre ellas la ciudad de San Luis, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí. Para más detalles, no te pierdas la nota de La Gaceta Digital que hizo explotar esta causa.
La hipótesis fiscal sostiene que los imputados habrían llevado adelante un accionar estructurado y prolongado en el tiempo, con una distribución de funciones y alternancia de roles entre sus integrantes. Las maniobras consistían en la simulación de procesos sucesorios y cesiones de derechos, apoyadas en documentación falsa, con el propósito de promover acciones judiciales tendientes a la escrituración de los inmuebles.
A través de estos mecanismos, y mediante el engaño al sistema judicial, se habrían obtenido resoluciones que permitieron inscribir los bienes a nombre de los acusados en el Registro de la Propiedad. Para ello, se habrían utilizado distintos instrumentos apócrifos, como boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés, comprobantes impositivos y timbrados falsificados.
Según lo expuesto por el Fiscal y la querella a lo largo de las numerosas audiencias celebradas en la causa, uno de los elementos centrales del esquema eran los denominados domicilios “seguros” o “controlados”, que en realidad correspondían a integrantes del propio grupo. De esta manera, se evitaba que los verdaderos titulares de los inmuebles fueran notificados y tomaran conocimiento de los procesos judiciales, lo que derivaba en su declaración de rebeldía y facilitaba que los magistrados, actuando de buena fe pero inducidos a error, dictaran sentencias favorables a los imputados.
Assat resaltó la envergadura del perjuicio económico generado, estimado en millones de dólares en bienes inmuebles, y subrayó la complejidad de la investigación, que se extiende desde hace más de dos años, tanto por la cantidad de personas involucradas como por la dificultad probatoria del caso.
La audiencia fue encabezada por la Jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, y contó con la participación de la Fiscalía de Estado, representada por Ignacio Trusendi, y de la querella, a cargo de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone.
