La Fundación Libertad volvió a analizar el gasto de los cuerpos legislativos municipales del país y, a diferencia del informe publicado el año pasado, amplió de manera significativa su relevamiento. En esta oportunidad, el estudio incluyó los presupuestos de 76 concejos deliberantes, lo que permite una comparación más amplia y precisa sobre cuánto cuesta sostener estas estructuras en las principales ciudades argentinas.
Al igual que en ediciones anteriores, el informe utiliza el concepto de “presupuesto anual por concejal”, que no debe confundirse con el sueldo que perciben los ediles. Se trata de una cifra que surge de dividir el presupuesto total del Concejo Deliberante, que contempla salarios de personal permanente y transitorio, asesores y gastos corrientes, por la cantidad de concejales. En definitiva, es el costo total que asume cada municipio para que su cuerpo legislativo pueda funcionar. Como ya informó La Gaceta Digital, el Concejo capitalino tiene aproximadamente 190 empleados, según surge del presupuesto 2026.
En ese marco, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis está integrado por 15 concejales y cuenta con un presupuesto anual de $2.057.469.586, lo que equivale a $137.164.639 por concejal. Con estos números, la capital puntana se ubica en el puesto 47 del ranking nacional, elaborado sobre un total de 76 ciudades, y queda claramente por debajo del promedio general, que asciende a $259.273.468 anuales por edil. En el informe referido a 2024, San Luis había quedado en el puesto 23, en relación a las 55 ciudades que fueron analizadas.
Los primeros lugares del ranking muestran valores muy superiores. Posadas encabeza la lista, con un gasto anual de $1.441.576.334 por concejal, seguida por Río Gallegos, con $1.388.098.939, y San Miguel de Tucumán, con $1.090.127.778 por edil. Se trata de cifras que multiplican varias veces el costo legislativo que registra San Luis Capital.
En el otro extremo aparecen los municipios con los concejos deliberantes menos costosos del país. Comandante Fernández cierra el ranking con $24.712.637 por concejal, seguida por Junín, con $29.000.388, y San Nicolás, con $37.137.078 anuales por edil.
Dentro del contexto provincial, el informe también incluye a Villa Mercedes, la segunda ciudad más poblada de San Luis. Allí, el Concejo Deliberante está compuesto por 12 concejales y dispone de un presupuesto anual de $1.101.508.719, lo que representa un gasto de $91.792.393 por concejal. Este valor ubica a Villa Mercedes en el puesto 60 del ranking, entre los municipios con menor costo legislativo del país, y muy por debajo del promedio nacional.
Otro punto del informe señala qué porcentaje represente el presupuesto del Concejo Deliberante en relación al total municipal. En el caso de San Luis, el presupuesto del Concejo representa el 3,87% del total de la ciudad. Obviamente, el ranking está nuevamente liderado por Posadas a nivel nacional, con un presupuesto total de $18.740.492.343 que representa el 14,79% del total del municipio.
En este apartado, tanto San Luis, con su 3,87%, como Villa Mercedes, con un 4,40%, están por encima del promedio nacional, que es del 3,31%.
Ambas ciudades sanluiseñas también superaron la media nacional en lo que se refiere a la participación del gasto en personal, o sea, el porcentaje de sus presupuestos que destina a pagar los salarios de sus empleados. El promedio nacional es de un 85,19%, pero en San Luis se destina un 91,99%, mientras que en Villa Mercedes ese monto asciende a un 97,78%.
En sus consideraciones finales, la Fundación Libertad señala que, en la búsqueda continua de eficiencia en la gestión del sector público, y del mismo modo en que se analizan los gastos del Congreso de la Nación y de las legislaturas provinciales, los presupuestos de los concejos municipales “deben ser objeto de investigación y control”. El informe remarca que garantizar un uso responsable de los fondos públicos es fundamental para el crecimiento y el desarrollo, priorizando los recursos hacia los sectores que más lo requieren y bajo una rigurosa auditoría. En ese marco, advierte que los números relevados muestran no solo fuertes disparidades entre localidades, sino también “la imperiosa necesidad de reformar y racionalizar el gasto de estas instituciones”, que deben estar al servicio de la sociedad y que hoy, más que nunca, requieren de austeridad.
